Las autoridades federales, estatales y municipales deben explicar por qué decidieron retirar la vigilancia permanente del Ejército y demás corporaciones de seguridad pública de las instalaciones de los hospitales Civil y General de Culiacán, negligencia que creó condiciones para que grupos del crimen organizado asesinaran a cinco personas en la jornada fatídica del sábado 30 de agosto.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Rubén Rocha, así como los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en lo nacional y Óscar Rentería Schazarino en lo estatal, deben romper el silencio que guardan en cuanto a los hechos que privaron de la vida a cuatro personas en el HCC y una en el HGC, logrando amplificar el miedo y la indignación en la sociedad sinaloense.

Infortunadamente el abandono de la vigilancia táctica en los dos nosocomios, así como en clínicas privadas que atienden a heridos que la delincuencia acude a terminar con sus vidas, siendo el mismo caso de la Unidad de Servicios Estatales que el viernes 29 de agosto fue escenario de un intento de privación de la libertad que dejó a un transportista herido, constituyen actos de negligencia que golpean fuerte la expectativa de paz positiva y permanente.

Al parecer la fuerza pública federal y estatal padece el cansancio de un año de permanecer en la lucha contra las dos facciones del narcotráfico que no exhiben agotamiento en el choque al interior del Cártel de Sinaloa, puesto que al abandonar el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal la protección de áreas estratégicas, la delincuencia organizada llena esos vacíos con la saña que le caracteriza.

Que hablen los miembros de los gabinetes nacional y estatal de seguridad pública y les digan a las familias de las víctimas la verdad sobre las condiciones de fondo que originaron la bestial agresión en el Hospital Civil, y la incursión de sicarios al Hospital General. El silencio de las autoridades les añade indignación a los sinaloenses pacíficos que han confiado en la promesa y capacidad del Estado para poner orden y lograr que la ley vuelva a estar encima de quienes impunemente la transgreden.