Culiacán, Sin.- La violencia contra periodistas en Sinaloa no es un fenómeno aislado ni nuevo, pero desde septiembre pasado se ha recrudecido. De acuerdo con Jesús Bustamante Rivera, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, el gremio tiene documentadas al menos 60 agresiones registradas en los últimos meses, según cifras del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las agresiones van desde intimidaciones en la calle hasta robos de equipo indispensable para el trabajo informativo.

“Algunos compañeros han sido despojados de teléfonos celulares cuando transmitían en vivo, y a otros les han quitado cámaras, laptops y equipos costosos. No es un simple robo: ocurre mientras ejercen su labor, por lo que debe ser investigado como un atentado contra la libertad de expresión”, advirtió Bustamante.

El periodista recalcó que la impunidad es la constante. Aunque se han formalizado denuncias ante el Instituto, muchas no prosperan en la Fiscalía.

“Si te amenazan con un arma mientras reporteas, no necesitas que te digan explícitamente que te van a matar para saber que buscan causar un daño grave”, señaló.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en la zona de El Pozo en Imala, donde comunicadores quedaron atrapados en medio de un fuego cruzado. Los impactos alcanzaron vehículos con logotipos de medios de comunicación, una clara señal de riesgo directo hacia el gremio.

Bustamante Rivera también denunció prácticas de hostigamiento por parte de autoridades federales. Relató que en operativos, elementos de la Guardia Nacional o del Ejército exigen credenciales oficiales como el INE, exponiendo la dirección y datos personales de los reporteros.

“Eso nos pone en riesgo, porque mientras a nosotros se nos exige identificarnos plenamente, ellos operan encapuchados o sin dar nombres. Es un desequilibrio que vulnera nuestra seguridad”.

La geografía de la violencia contra periodistas también tiene un patrón claro. La mayoría de los casos se concentran en Culiacán, aunque también se han registrado en Mazatlán, Guasave y la región del Évora (Guamúchil y Angostura).

“Estamos hablando de más de 60 agresiones desde septiembre a la fecha, lo que significa que más de la mitad de los ataques registrados desde la creación del Instituto en 2022 ocurrieron apenas en este periodo”, puntualizó.

El gremio insiste en que estos casos deben ser tratados y retomados por la nueva Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras y Periodistas, para garantizar que los delitos no se archiven como simples robos o faltas administrativas, sino como agresiones directas a la libertad de expresión.

 

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