Mas allá de que al Gobierno Federal le corresponde garantizar la seguridad pública cuando la delincuencia organizada la ocasiona, tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum al considerar que factores internos son los que detonan la situación que vive Sinaloa desde hace un año con centenas de homicidos dolosos, desapariciones de personas, robos de vehículos y las consecuencias generalizadaa de estos hechos.

A veces pareciera que como sociedad olvidamos que fue la detencion por la vía extrajudicial de Ismael Zambada García, quien el 25 de julio de 2024 fue llevado a la fuerza a Estados Unidos por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, la que desencadenó el choque en el Cártel de Sinaloa entre los hijos de “El Mayo” y los de “El Chapo”.

Este conflicto en el narcotráfico que alteró la pax narca, a la cual los sinaloenses nos adaptamos durante décadas, fue abordado por Sheinbaum en la reunión que sostuvo con Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la cual la mandataria mexicana no dio mayores detalles.

Es decir, recalcando que al Estado le asigna la Constitución la obligación de proteger a los ciudadanos y sus intereses legítimos, debemos mantener claridad los sinaloenses en cuanto al impacto que tiene la anulación de Zambada como el fiel de la balanza que el gobierno reconoció para moderar la confrontación entre las organizaciones del narcotráfico nacionales y extranjeras.

Estados Unidos accedió a llevar ante la justicia a quien no pudo someter con la ley sino acudiendo a criminales para combatir el crimen, con las trágicas consecuencias que ha pagado Sinaloa por ello. Para tomar decisiones correctas y evitar que incurramos en amnesias del pasado, no hay que olvidar este episodio anómalo de la justicia que inició cuando el narco en Sinaloa acudió a su propia ley del talión.