Por Vanessa Briseño / @nevervb

El ITESO fue sede de la presentación del Proyecto de Incidencia Binacional, iniciativa conjunta entre la Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC) de la Universidad Loyola Marymount y el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Desoj) y su Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) del ITESO.

Brietta Clark, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola Marymount, reconoció durante el evento de presentación del proyecto, a las personas e instituciones que hicieron posible la alianza entre la LIJC y el ITESO, así como a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes.

La también académica, mencionó que ambas universidades colaboran desde hace más de siete años en proyectos relacionados con servicios legales y acompañamiento, y explicó que el nuevo Proyecto de Incidencia Binacional formaliza ese trabajo compartido con tres ejes principales: apoyo directo a migrantes, personas en retorno y deportadas mediante representación legal y educación comunitaria; impulso de reformas legales y de política pública en ambos lados de la frontera; y formación de una nueva generación de líderes binacionales comprometidos con los derechos humanos.

Por su parte, Alexander Zatyrka Pacheco S.J, rector del ITESO, señaló que esta iniciativa surge de la colaboración entre ambas universidades, motivada por el interés mutuo en acompañar a personas migrantes y refugiadas. Explicó que la clínica ofrecerá servicios de representación y asesoría legal a quienes enfrenten procesos de deportación, retorno o búsqueda de refugio en el Área Metropolitana de Guadalajara, al tiempo que funcionará como un espacio de formación para estudiantes de ambas universidades en defensa legal.

Así mismo, recordó que la sede de la clínica estará en Casa ITESO Madero y agradeció la participación de las organizaciones integrantes de la Alianza por la Movilidad Humana de Guadalajara (FM4 Paso Libre; Caminatas; Casa Rizoma; El Refugio Casa del Migrante y el Centro Scalabriniano de Pastoral Migratoria), así como a quienes lo hicieron posible.

Durante el evento de presentación que contó con la participación de autoridades de ambas instituciones y de las responsables del proyecto, se proyectó un vídeo que mostró testimonios sobre el trabajo binacional de la Clínica Jurídica de Migración. En él se destacó que se trata de la primera clínica creada entre una escuela de derecho en México y otra en Estados Unidos, con el propósito de brindar servicios legales a la comunidad migrante en ambos países y, al mismo tiempo, formar a nuevas generaciones de defensores.

El material expuso cómo el proyecto responde a cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, atiende a personas deportadas y en retorno en México, y promueve campañas de ciudadanía. También se hizo énfasis en la labor educativa hacia migrantes en tránsito para que conozcan sus derechos al solicitar asilo. El recurso reafirmó la colaboración en red con organizaciones aliadas en Guadalajara, la importancia de la formación clínica en la preparación profesional del estudiantado y la misión jesuita de acompañar a las personas migrantes y refugiadas en sus diferentes etapas de movilidad.

De manera consecuente,  panel de discusión integrado por las responsables del proyecto: la doctora Marisa Montes, directora y cofundadora de la Clínica de Justicia para Migrantes de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles; la maestra Karina Arias Muñoz, integrante del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO; y la doctora Adriana González Arias, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. El conversatorio fue moderado por la profesora Alejandra Guillén González, integrante del Programa Indígena Intercultural del Centro Universitario de Incidencia Social y cofundadora del proyecto “¿A dónde van los desaparecidos?”.

Sobre el contexto en el que se inserta el proyecto binacional, Marisa Montes explicó este surge en un momento marcado por una situación histórica en Estados Unidos, donde se han registrado redadas en Los Ángeles y un uso de la fuerza que ha alcanzado no solo a comunidades migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses.

De igual forma, señaló que este escenario refleja un grave desconocimiento de la ley y una expansión de políticas migratorias que rebasan las fronteras. En dicho marco, afirmó que la labor de la clínica consiste en preparar a “nuevas generaciones de defensores” capaces de actuar en un entorno binacional para garantizar los derechos de personas en tránsito, deportadas o en riesgo de deportación.

En esa línea, Karina Arias añadió que el contexto es cambiante y obliga a adaptarse constantemente a las necesidades de las personas y de las organizaciones que las acompañan. Explicó que, aunque se enfrentan escenarios adversos y frustrantes, también existen experiencias que permiten sembrar pequeñas semillas de apoyo en quienes transitan por albergues o reciben espacios de escucha y atención. Destacó la labor de las organizaciones de la Alianza por la Movilidad Humana en Jalisco, que con su apertura y trabajo conjunto fortalecen los procesos de incidencia y documentan la realidad que viven las personas migrantes. En este marco, resaltó que la clínica aporta al esfuerzo colectivo de construir en Jalisco un “entorno más hospitalario para la migración”.

Marisa, rememoró a la audiencia que la LIJC nació en 2012, poco después de que ella egresara de Loyola, universidad ubicada en Pico Union, una comunidad históricamente centroamericana en Los Ángeles que carecía de servicios legales especializados y de colaboración con organizaciones jesuitas. Desde entonces, la clínica ha enfrentado el reto de responder a la interacción entre el sistema penal y la ley migratoria, que muchas veces funciona como un mecanismo de deportación, además de atender la falta de representación legal en zonas como Boyle Heights y East LA, consideradas “desiertos legales”.

A lo largo de más de una década, LIJC ha ofrecido más de 10 mil asesorías, representado a cientos de personas en procesos migratorios, formado a más de 100 estudiantes de derecho y acompañado a beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en español) en programas que incluso los han vinculado con Guadalajara. Marisa remarcó que el eje de su labor siempre ha sido seguir el liderazgo de la comunidad, pues son sus integrantes quienes viven las consecuencias de la ley y proponen las soluciones, mientras que abogados y estudiantes aportan las herramientas legales para concretarlas.

Así mismo, compartió con las personas asistentes que su regreso a Guadalajara tuvo un sentido personal, pues ella misma es migrante y su familia salió de México en busca de oportunidades y seguridad. Recordó que quienes apoyaron a su familia no fueron los gobiernos ni las instituciones, sino la propia comunidad migrante, sin importar nacionalidad, idioma o cultura, lo que la llevó a asumir que su labor debía basarse en la comunidad. Volvió a Guadalajara a los 30 años invitada como profesora visitante por el ITESO, cerrando un ciclo que comenzó con su trabajo en Los Ángeles.

De forma paralela, Adriana González recordó que hace casi una década surgió en el ITESO la idea de crear una clínica jurídica, al detectar la necesidad de formar a los estudiantes en temas de migración y responder a casos que llegaban de personas retornadas o en situación de movilidad, quienes enfrentaban problemas para obtener documentos o situaciones de violencia en ámbitos civiles.

Explicó que, como primer paso, se diseñó la materia de migración, asilo y refugio, impartida en verano con la participación de organizaciones como ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)  y FM4, lo que permitió identificar más necesidades de la población en Guadalajara y de los propios estudiantes.

Adriana señaló que el trabajo con la Alianza para la Movilidad Humana de Jalisco y la Red Jesuita con Migrantes evidenció la urgencia de contar con atención jurídica como un pilar indispensable en el acompañamiento. Después de varios intentos fallidos por conseguir recursos en México, la colaboración cercana de Marisa con la universidad y con organizaciones de la sociedad civil hizo posible consolidar el proyecto y abrir finalmente la clínica.

Igualmente, Karina Arias comentó que la clínica es resultado de la colaboración entre el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y el PRAMI, lo que permite articular la formación académica con el contacto directo con la realidad. Resaltó que esta vinculación ha generado experiencias en las que estudiantes de distintas carreras participan en proyectos vinculados con migración, desde derecho hasta áreas técnicas como sistemas, aplicando sus conocimientos en tareas concretas como la creación de bases de datos para albergues.

Karina Arias (Foto: ITESO).

Karina indicó que actualmente el estudiantado colabora en el análisis de la ley estatal de protección a migrantes a partir de experiencias recogidas en refugios y organizaciones, lo que contribuye a conectar la vivencia con los procesos legislativos. Además, comentó que la clínica nace con compromisos hacia redes y organizaciones que esperan formalizar alianzas y llevar casos conjuntos, respondiendo también al llamado de la Red Jesuita de trabajar de manera articulada en contextos transnacionales.

Por otro lado, Adriana explicó que la clínica se integrará en el ITESO a través de distintas vías académicas. Detalló que la materia de Migración, Asilo y Refugiados, impartida por Marisa como profesora invitada, será abierta a todo el estudiantado de la universidad con la posibilidad de realizar prácticas en la clínica. Indicó que en la licenciatura en Derecho se creó una nueva materia obligatoria de derecho migratorio con componente práctico en la clínica, convirtiéndose en la primera de este tipo dentro del programa.

También, añadió que se incorporarán los Proyectos de Aplicación Profesional, tanto en la clínica como en el proyecto Migración Jalisco, lo que permitirá que estudiantes de diferentes disciplinas (como diseño, sistemas o ciencias sociales) aporten en ámbitos de investigación, incidencia política, producción de materiales y trabajo con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Subrayó que, en el caso de Derecho, el trabajo se enfocará directamente en casos jurídicos bajo la metodología desarrollada por Marisa.

Al cierre del evento, las panelistas compartieron desde su experiencia lo que representa este proyecto binacional y a quiénes esperan en la clínica. Adriana expresó que su compromiso surge desde la academia, al aportar conocimiento aplicado en diálogo directo con las personas en situación de vulnerabilidad y con la intención de generar una transformación social. Marisa aclaró que su compromiso es con la comunidad migrante, de la cual forma parte y que la ha empoderado, por lo que busca que la clínica sea “un espacio donde estudiantes aprendan a acompañar y a reconocer a la comunidad como protagonista de sus procesos”.

Por su parte, Karina Arias finalizó destacando la importancia de sembrar en el alumnado una mirada más amplia y sensible hacia la migración, de manera que reconozcan cómo atraviesa sus vidas y puedan brindar “orientación e información verificada” a quienes se acerquen a la clínica, no solo mediante representación legal, sino también facilitando decisiones mejor informadas en contextos de movilidad humana.