La única luz posible ante la crisis humanitaria de las desapariciones forzadas en Sinaloa es la que emanó de las centenas de veladoras que los colectivos de búsqueda encendieron en la explanada de Palacio de Gobierno, acción que dimensiona la épica lucha de las familias de las víctimas y denuncia la insuficiente voluntad de autoridades e instituciones para encontrarlos y castigar a los perpetradores.

A los alrededor de dos mil casos de privaciones ilegales de la libertad ocurridos durante un año del salvajismo que imprimen a su paso las facciones que chocan en el Cártel de Sinaloa, hay que agregar las afectaciones ocultas en la cifra negra que, según María Isabel Cruz, dirigente del colectivo Sabuesos Guerreras, incrementaría la estadística de la impunidad a tres mil víctimas.

Sea cual sea la incidencia de desapariciones, así fuera una sola persona la deprendida a la fuerza de su hogar, las tareas de seguridad pública, procuración de justicia y atención a víctimas estarían frente a la gigantesca interrogación de ¿dónde están? y tendrían que ponerse al frente de las labores de localización que las familias realizan con medios propios exhibiendo la vergonzante abulia oficial.

Es verdad que el Gobierno de Sinaloa, así lo reconoce María Isabel Cruz, hace parte de la tarea que le corresponde, pero el problema es tal grande que se le sale de las manos pues “tienen voluntad pero no saben ni cómo hacerle. Yo creo que deben tener un equipo especial. La desaparición forzada no es cualquier delito, sino trasciende más allá de todas las cifras”.

En vez de la llama alimentada por la cera, los gobiernos federal y estatal tienen ante sí por cada flama el reclamo del mayor esfuerzo y el tratamiento del fenómeno de las desapariciones forzadas con criterios no sólo jurídicos o periciales sino con la sensibilidad y empatía desplegadas al máximo para quitarle al estado la mancha tan oscura como lo es la noche al apagarse las veladoras.