La decisión del Gobierno de Sinaloa de realizar en Culiacán la fiesta y ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia ha de estar ajustada a análisis muy certeros respecto a la seguridad de los asistentes, en el marco de la violencia que persiste después de un año de enfrentamientos entre dos células del narcotráfico.

La apuesta y gasto público para atraer a cantantes de talla internacional y nacional apuntan a sostenerse firmes en espera de que haya condiciones para que la población acuda a divertirse, resguardada por el operativo del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales, estatales y municipales que vigilará que el fervor patrio retome la celebración que en la misma fecha de 2014 fue suspendida por la crisis de la seguridad pública.

Sin embargo, no hay que pasar por alto la eventualidad de que el gobernador Rubén Rocha Moya determine de última hora cancelar este evento, dependiendo del comportamiento de la delincuencia que opta por treguas esporádicas en su narcoguerra y hechos de violencia de alto impacto que echan abajo la expectativa de paz.

En algunos municipios como es el caso de San Ignacio han optado por la suspensión de las actividades de la noche del 15 de septiembre, debido a que “en este momento no existen las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con alegría, tranquilidad y seguridad”, según justificaron las autoridades del Ayuntamiento que dijeron haber efectuado “un análisis cuidadoso y pensando siempre en el bienestar de nuestra gente”.

Para mantener hasta hoy la decisión de realizar el ritual del Grito de Dolores, Rocha Moya debió haberle tomado opinión a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal que está a cargo de las tareas de pacificación de Sinaloa. A como sea, corresponde a las familias decidir si acuden o no a la plaza cívica de palacio de gobierno, pero la obligación de protegerlas es responsabilidad de la fuerza pública nacional y local coordinada.