Culiacán, Sin.- La voz de Andrea Félix López, presidenta de la Asociación de Viudas de Policías, resuena con cansancio y firmeza y, frente al gobernador Rubén Rocha Moya, previo a la inauguración de las Brigadas del Bienestar y Kérmes Mexicana en el Palacio del Gobierno exigió ser atendida y al final, no fue escuchada.
“Estamos muy cansadas como madres de estar mendigando un derecho”, dijo ante medios de comunicación.
Su denuncia, lejos de ser aislada, refleja el drama cotidiano que enfrentan siete familias de agentes ministeriales caídos en cumplimiento de su deber.
La queja es clara: las pensiones y seguros de vida, que deberían garantizar estabilidad a los deudos, se entregan con retrasos injustificables o en montos muy por debajo de lo establecido por ley. A pesar de que en 2021 se aprobó en el Congreso del Estado una norma que fortalecía los derechos de las familias de policías, tras un veto inicial del entonces gobernador Quirino Ordaz, la falta de voluntad política ha convertido la conquista en letra muerta.
De acuerdo con Félix López, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Claudia Zulema Sánchez Kondo, ha argumentado que no cuenta con recursos suficientes para cubrir los pagos retroactivos desde 2021.
“Tenemos una ley que nos costó bastante lograr y volvemos a lo mismo, no hay voluntad política. La fiscal dice que no tiene recursos para pagarle a las familias”, reclamó.
La situación no se limita a la Fiscalía. En municipios como Culiacán y Navolato, el pago de seguros de vida depende de la decisión discrecional de las autoridades locales.
“Es lamentable que muera un policía por riesgo de trabajo y les paguen 400 mil pesos en Navolato. ¿De qué sirve ese monto frente al vacío que deja un padre de familia?”, cuestionó la lideresa de la asociación.
El desgaste emocional se multiplica cuando las madres viudas deben enfrentar la burocracia para acceder a pensiones por orfandad. Los hijos huérfanos, relatan, son obligados a presentar mes con mes documentos escolares, calificaciones y comprobantes que condicionan un derecho ganado por la pérdida de sus padres.
“No es una beca, es una pensión. No pueden seguir desgastando a nuestros hijos”, enfatizó.
En medio de estas denuncias, los nombres de funcionarios aparecen en el relato como puertas cerradas: subsecretarios que evaden respuestas, diputados que no escuchan y un gobernador que, aseguran, no ha atendido de frente el problema.
Las viudas exigen acciones inmediatas: que el Estado y los municipios incrementen los seguros de vida, que la Fiscalía cumpla con los pagos retroactivos y que la burocracia deje de poner en pausa la vida de quienes ya enfrentan la ausencia de un ser querido.
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