Faltan muchas explicaciones del gobierno sobre la violencia en Villa Juárez, Navolato, como tantas son las víctimas letales de la permanente presencia de criminales en dicha comunidad del Valle de Culiacán donde más late el corazón del progreso de Sinaloa e igualmente intimida  la barbarie imparable desde que el 9 de septiembre de 2024 detonó la guerra entre facciones del narcotráfico.

En cada golpe que asesta la delincuencia en Villa Juárez cobra mayor fuerza la interrogante de por qué la seguridad pública coordinada retrasa la ejecución del operativo militar y policial que proteja permanentemente a la población pacífica que sufre pérdidas de vidas humanas, estancamiento de la actividad económica y retraimiento de la convivencia social, circunstancia que se repite cada vez que hay conflictos al interior del Cártel de Sinaloa.

La oferta de la seguridad pública militarizada consistente en recuperar la legalidad como factor de orden y estabilidad pierde pertinencia cuando la delincuencia actúa a sus anchas en ciudades y comunidades sinaloenses y el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal aparecen en las escenas del crimen después de que los sicarios consuman las agresiones.

La población se siente sola, desprotegida y frustrada cuando la vigilancia gubernamental se ausenta y deja la vía libre a generadores de violencia que dan la impresión de ser informados puntualmente del retiro de la seguridad pública, o bien el repliegue fortalece la sospecha de que las fuerzas del orden están en sincronía con el hampa para permitirles actuar libremente.

En Villa Juárez, dada la permanente violencia, debe establecerse la presencia constante de cuerpos de protección ciudadana y esto lo sabría hasta el más novato de los estrategas. De no ser así,  entonces que los gobiernos federal y estatal les digan a las familias bajo riesgo la razón de desidias que se traducen en homicidios dolosos, heridos, extorsiones y gatilleros que se mueven sin temor a ser detenidos.