Culiacán, Sin.- La tarde del sábado, a las 17:13 horas, Sandra cruzó la puerta de la sala A del Centro de Justicia Penal Acusatoria y Oral. Vestía uniforme quirúrgico gris oscuro y gafas negras de armazón grueso. Llevaba el cabello recogido y la mirada fija en el suelo. Solo la levantó para ver a la prensa y a dos hombres en la sala: uno de camisa de cuadros y otro mayor. Su gesto se contrajo en un rictus de preocupación.

Pidió ejercer su derecho a declarar de manera libre, sin interrogatorio, al amparo del artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su defensa sostuvo que había sido víctima de violaciones a derechos humanos y tortura, y que debía aplicarse el Protocolo de Estambul. La jueza no lo concedió: antes debía escucharse la imputación.

La Fiscalía, por su parte, no improvisó más y la señaló de “homicidio calificado en grado de tentativa, con premeditación y mediante una sustancia nociva para la salud”.

El hecho central habría ocurrido el 17 de septiembre, alrededor de las 15:25 horas, en el Hospital General de Culiacán. Un guardia nacional, de nombre Giovanni, escuchó un grito proveniente de la cama 244: “¡Ah, me quieres matar!”. El paciente, identificado como Leonel, procesado por portación de armas y herido de bala un par de días antes, aseguró que Sandra intentó inyectarle medicamentos no prescritos.

De acuerdo con la acusación, el hombre sintió ardor en el brazo y visión borrosa. Arrancó el catéter y gritó. En ese instante, enfermeras reportaron por radio que una mujer huía del área de Código Plata –Así se le llama internamente al lugar donde atienden a los pacientes como Leonel, heridos de bala y detenidos con observación médica–. Afuera fue interceptada por la Guardia Nacional.

En su poder hallaron tres jeringas con ketorolaco, clindamicina y solución salina, además de guantes de látex, credenciales vencidas y un celular. Peritos señalaron que la combinación podía provocar la muerte, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) no reporta alteraciones. La defensa replicó que eran sustancias de uso común, un analgésico y un antibiótico.

Las inconsistencias fueron múltiples. El informe policial detallaba un operativo de apenas cinco minutos. El paciente tenía dos catéteres, lo que abría dudas sobre si fue inyectado. El área estaba dividida por cortinas que impedían visibilidad plena. Y la víctima, consumidora de marihuana, pudo haber tenido alteraciones perceptivas.

La defensa sostuvo que todo lo ocurrido estaba viciado de origen: detención ilegal, tortura, tocamientos y amenazas. Sandra lo narró entera, sin titubear, en su declaración libre. Recordó que le quitaron la bata blanca que traía, la hicieron levantarse la camisa y le tocaron los senos debajo del sostén, con la excusa de que podía traer algo escondido, le preguntaron de qué bando del narco era, si de la “Mayiza” o de la “Chapiza” –que desde hace un año sostienen una confrontación por el control del territorio en Sinaloa–, y que estuvo incomunicada varias horas.

“Entre cinco me metieron al baño, primero de hombres, después al de mujeres. Me quitaron la bata y me metieron las manos debajo del brasier. Me dijeron que dijera de que bando era o me iban a golpear, si de la “Mayiza” o la “Chapiza”, alegue que de ninguno. Entonces llegó un Policía Estatal, me amenazó con implantarme metanfetamina si no decía de que bando era, seguí negándome”, dijo Sandra ante la jueza.

“Después llegó un Coronel, me sentó en la taza y me dijo que me meterían fentanilo. Más tarde me grabaron con sus celulares diciendo que no me habían golpeado y fue hasta entonces que me leyeron mis derechos”.

Su abogado cuestionó los argumentos de la Fiscalía: ¿quién podía certificar que esas sustancias juntas mataban?

“Para eso están los peritos”, respondió la jueza, al concluir que potencialmente sí pudo haber cometido un delito.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva, con el argumento de que el riesgo de fuga era alto, pues la pena máxima alcanzaba los 33 años y 4 meses. La defensa recordó que Sandra era madre de tres hijos, uno de ellos un bebé de 11 meses, y que nunca había tenido antecedentes penales. La jueza resolvió riesgo medio y decretó prisión preventiva en el penal de Aguaruto.

Al escuchar el fallo, Sandra se levantó, extendió los brazos para que le colocaran las esposas en las muñecas. Volteó hacia el hombre de cuadros, su esposo. Entonces rompió en llanto. Lágrimas que corrían por su rostro, mientras él también lloraba, con el gesto abatido de la derrota compartida.

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