Culiacán, Sin.– El Gobierno de Sinaloa cerró el ejercicio fiscal 2024 con un deterioro financiero notable: el patrimonio estatal se redujo en más de 4,100 millones de pesos, mientras que las finanzas públicas pasaron de un superávit en 2023 a un déficit de 719 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Individual de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La Auditoría reveló que los activos totales del gobierno estatal descendieron de 27 mil 839 millones de pesos en 2023 a 23 mil 164 millones en 2024, lo que representa una caída del 16.8 por ciento, pero los pasivos se mantuvieron prácticamente sin cambios, en poco más de 10 mil 387 millones, lo que evidencia que la pérdida se concentró en el patrimonio, que pasó de 16,956 millones a 12,777 millones.
La ASE advirtió además sobre una insuficiencia financiera en los pasivos de corto plazo: el gobierno carece de 4 mil 698 millones de pesos en activos circulantes de libre disposición para cubrir sus obligaciones inmediatas, lo que implica un riesgo de liquidez.
Aunque los ingresos totales crecieron 6.9% respecto a 2023, y alcanzaron los 79 mil 27 millones de pesos, el gasto público aumentó aún más, con 79 mil 747 millones ejercidos, lo que generó el déficit.
Se detectó un incremento atípico en el rubro de aprovechamientos, que pasó de 109 millones en 2023 a 2,682 millones en 2024, así como la disminución de inventarios por 1,626 millones.
Mal manejo de control interno
La pérdida de patrimonio y el incremento de déficit no lo es todo, la Auditoría identificó debilidades estructurales y operativas en varias dependencias estatales en materia de control interno.
Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable no abrió cuentas bancarias exclusivas para cada uno de los programas que opera, lo que dificultó el seguimiento del dinero público; tampoco no realizó una adecuada verificación y supervisión del destino de los apoyos otorgados, lo que abre espacio a posibles desvíos o uso discrecional.
La secretarías de Economía, Obras Públicas y Pesca y Acuacultura hicieron pagos sin contar con documentación comprobatoria o evidencia justificativa que respaldara el gasto. En el caso de Obras Públicas, también se reportó un desfase en la capitalización contable de obras terminadas, lo que resta claridad al registro de infraestructura pública, un hecho que ha sido señalado de manera constante por organizaciones como Iniciativa Sinaloa a través del Índice de Transparencia en Obra Pública (ITOP).
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres omitió en algunos casos la entrega de resguardos firmados de bienes adquiridos y la presentación de contratos de prestación de servicios, lo que impide garantizar la correcta asignación y uso de recursos. En Agricultura y Ganadería también se encontraron omisiones en los resguardos de bienes entregados.
La ASE señaló errores contables en el registro de retenciones fiscales y la falta de especificación en los inventarios de bienes inmuebles-terrenos, que no incluyen la identificación precisa de cada propiedad. Incluso se detectó que se utiliza la misma cuenta contable para registrar el ISR retenido por salarios y el correspondiente a asimilados a salarios, lo que generó confusiones en la naturaleza de las operaciones.
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