El fallido rescate de un maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue hallado sin vida después de un enfrentamiento entre delincuentes y elementos militares, en la colonia Villas del Real de Culiacán, plantea la pertinente pregunta sobre la correcta utilización de protocolos en casos de privación ilegal de la libertad y localización y liberación de las víctimas.

Los operativos de fuerza pública federal y estatal deben preservar primero la integridad física de uno o más rehenes en poder del crimen organizado y actuar solamente si el objetivo a proteger está a salvo, de lo contrario se potencia el riesgo cuando chocan las armas de los sujetos generadores de violencia y de las instituciones de contención de ésta.

El domingo a plena luz del día y la mirada de varios testigos, militares intentaron recuperar a una persona de 36 años de edad, que se desempeñaba como coordinador de maestros de la UAS, quien fue ubicado por su familia a través de un dispositivo de localización satelital y se pidió la intervención de la seguridad pública para liberarlo, derivando en el enfrentamiento donde hubo dos detenidos y la muerte de la víctima.

Sinaloa cuenta con la Unidad Especializada Antisecuestros que dispone de tecnología y personal para atender hechos de privación ilegal de la libertad, logrando en la mayoría de los casos sacar ilesos a los afectados por este delito, sin embargo, se están dejando a cargo de soldados de las secretarías de Defensa y de Marina y agentes de la Guardia Nacional y Policía Federal.

Derivado de los hechos del domingo donde militares fallaron en la misión de liberar con vida al catedrático universitario, y en otros casos con similares desenlaces, la logística de la lucha contra el crimen requiere de revisiones en cuanto a qué posibilidades de éxito garantizan las instituciones castrenses al no atender la regla elemental en criminalística que determina lo primordial, extraer indemnes a las víctimas, y optan por códigos de guerra donde lo primario es someter a los victimarios.

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