El mes de septiembre ha registrado la muerte con violencia de 13 mujeres en Sinaloa, convirtiéndose en la jornada más infame contra este sector de la población y en llamada de atención para las instituciones de seguridad pública que tendrían que hacer mayores esfuerzos para proteger a las y los sinaloenses.

Los nombres de ellas están marcados en la dolorosa lista de la inacción de autoridades, institutos de protección a las mujeres y de la sociedad habituada a enterarse de los feminicidios sin siquiera movilizarse en solidaridad con las familias de las víctima, permaneciendo intacto el ciclo de crimen e indiferencia.

El hecho de normalizar la situación donde madres de familia, hijas, esposas y profesionistas pierden la vida en medio de la narcoguerra recalca la realidad que plasma el lienzo de incivilidad, impunidad e insensibilidad del cual tarde o temprano seremos parte al proseguir fingiendo que no vemos ni nos afectan las agresiones a mujeres mientras estas tragedias no toquen a nuestras puertas.

El fracaso de las políticas públicas en materia de protección ciudadana hace posible la invisibilidad de los ataques letales a mujeres que en sí es la punta de una madeja en la que nos enredamos todos a tal grado que nos atamos a miedos y amedrentamientos que inmovilizan.

Los homicidios dolosos en los cuales las víctimas son mujeres han escalado a crisis humanitaria dentro de la otra crisis mayor que significa la narcoguerra. El problema creció en las recientes semanas e hizo grande también el exhorto a alzar la voz ante los gobiernos estatal y federal para que transmuten de la indolencia a la responsabilidad de aplicar la ley .

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