Sin duda tendrá impacto a mediano plazo para Sinaloa la misión “Cortafuegos” para controlar el paso de armas desde Estados Unidos hacia México, operación que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el sábado en Mazatlán que es una de las dos  ciudades más afectadas por el enfrentamiento que durante un año libran células locales del narcotráfico.

Resulta simbólico que la mandataria nacional haya elegido a Sinaloa para dar a conocer dicho acuerdo entre los gobiernos estadounidense y mexicano, al tratarse de organizaciones del crimen organizado que en la actual guerra despliegan bastantes de armas y tecnología bélica que se les provee desde el país vecino del norte según se ha denunciado durante décadas.

De igual manera, la cooperación binacional para el combate de corporaciones del narcotráfico que la Casa Blanca cataloga como terrorismo abre la puerta a pactos más amplios en materia de atención a zonas de violencia que rebasa los límites y cálculos en lo concerniente a muertes, desapariciones, afectaciones a la economía y pérdida del Estado de derecho.

El gobierno de Donald Trump insiste en presentarse como la única solución de pacificar las regiones de México bajo el control del narcotráfico así como mantiene la tentación de entrar a la tierra azteca con una gran intervención anti crimen, de la misma manera que exhibe avidez injerencista en varias naciones del mundo convirtiendo en letra muerta los tratados de respeto a la soberanía, derechos humanos y libre autodeterminación de los pueblos.

La larga lucha de las fuerzas armadas mexicanas para contener narcoguerras como la de Sinaloa es insuficiente y no sería descartable que una propuesta de Estados Unidos para pacificar sea aceptada por el gobierno de Sheinbaum e inclusive la sociedad. Ha sido prolongada y trágica la espera a que la paz retorne y la última expectativa de ciudadanos que son rehenes del crimen podría fincarse en la intervención estadunidense, sea como sea.