Aunque no aparece el caso específico de Sinaloa en el análisis por estados de México contenido en el informe que agrupaciones civiles entregaron al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, resulta suficientemente probada la existencia de más de 2 mil privaciones ilegales de la libertad perpetradas en los casi 13 meses transcurridos del enfrentamiento entre grupos del narcotráfico locales.
Decenas de colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil integraron el expediente con tal de contribuir al procedimiento que la ONU prepara tendiente a solicitar que por las miles de desapariciones mediante la violencia la Corte Penal Internacional abra la correspondiente investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.
En el informe, que conjunta los datos de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y el Estado de México, se asienta que el número total de personas desaparecidas que se ha registrado en México es enorme, y excede a cualquier otra situación de violencia, conflicto armado o régimen dictatorial por el que haya atravesado país de América Latina.
A reserva de conocer la razón por la cual no aparece Sinaloa en este reporte, la alta incidencia de privaciones ilegales de la libertad causa alarma en la población y junto al desplazamiento forzado de familias y homicidios dolosos que privan de la vida hasta a niños y mujeres, configura en sí la crisis humanitaria local que desde el 9 de septiembre de 2024 se sitúa encima de la posibilidad de que la seguridad pública ofrezca protección contra la violencia.
Acudir a todas las instancias nacionales e internacionales para que actúen en sus ámbitos en restablecer el respeto de los derechos humanos, es una de las pocas salidas de emergencia de las que disponemos los sinaloenses en la búsqueda de paz. Sinaloa forma parte hoy más que nunca de ese México donde permanecen en calidad de desaparecidas alrededor de 127 mil personas, más los casos no denunciados que son la cifra negra del delito.
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