La vinculación a proceso que un juez determinó por tercera vez contra el ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y ocho ex funcionarios, redunda en el gobierno irregular que ejerció el político morenista enmascarado con el triduo moral de no mentir, no robar y no traicionar.

El caso que se lleva en tribunales del ámbito penal denuncia a la vez un estilo de gobernar en el cual donde se le rasque un poco emana la corrupción, ya que otros presidentes municipales, como son los casos de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán y Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán, fueron destituidos de sus cargos por desempeño irregular de la función pública.

En este proceso judicial a Vargas Landeros se le acusa de firmar en diciembre de 2021 un contrato con la empresa Consultoría Acsora, para servicios de análisis, cálculo y recuperación del Impuesto Sobre la Renta respecto a las participaciones federales de 2015 al 2021, por el cual el Gobierno de Ahome pagó 33.7 millones de pesos al despacho, el 30 por ciento de la cantidad total recuperada de 96.8 millones de pesos.

Anteriormente Vargas Landeros fue vinculado a proceso por la renta sin correr los debidos procesos de transparencia de vehículos para usarlos como patrullas con un sobreprecio de 42 millones de pesos, asunto que el enjuiciado atribuye a ataques de motivación política en su contra, no obstante las evidencias de los delitos cometidos.

La secuencia de alcaldes morenistas vinculados a procesos penales indica que en donde ponen la lupa la Auditoría Superior del Estado y la Vicefiscalía Anticorrupción invariablemente hallan malos manejos de recursos públicos. La corrupción parece ser el sello de la casa en gobiernos de la llamada Cuarta Transformación que en Sinaloa dejan esa huella por donde pasan y en lo que tocan.