El establecimiento de retenes militares en diferentes puntos de Culiacán, obstruyendo la circulación vial que cotidianamente es complicada por el intenso flujo vehicular, representa el regreso de viejos métodos para buscar la seguridad pública sin la debida estrategia que combata al crimen y respete al mismo tiempo los derechos humanos como el de libre tránsito.

Sin la explicación a la sociedad de qué se pretende lograr con el bloqueo parcial de vialidades es difícil conciliar la molestia de los ciudadanos con los logros alcanzados en los puntos de revisión, que en su mayoría consisten en observar el paso lento de automotores y las filas enormes de éstos durante las horas pico de la movilidad urbana.

Los culiacanenses nos quejamos de los inconvenientes derivados de los retenes militarizados, pero la inconformidad es más por la percepción de que acciones de inteligencia a través de tecnología de ubicación y seguimiento de delincuencia son suplidas por tácticas que en el pasado castigaron más a los pacíficos por obstruirles el paso hacia el trabajo, la escuela y los hogares, mientras que los hampones movilizan libremente a sus sicarios y arsenales.

No está en tela de juicio el apoyo a la función militar y policial frente a la violencia que causan organizaciones del narcotráfico que chocan en sí, no obstante que los manuales castrenses y de instituciones de seguridad pública orientan a modos de mayor efectividad y de menor afectación a la población que ni la debe ni la teme en situaciones de alta criminalidad.

La estrategia de retenes implementados por el Ejército y la Policía para nada ayuda a que los culiacanenses perciban paz al tiempo que se trasladan de un lugar a otro con miedo a sufrir agresiones proveniente de la delincuencia. En la Mesa de Seguridad Pública de Sinaloa tendría que valorarse si con estos bloqueos de calles por parte del gobierno se avanza en ubicar y detener a generadores de violencia, o lo que se logra es agregarle a la gente pacífica una consecuencia más de la narcoguerra.