El ataque ocurrido el miércoles contra el presidente municipal de Elota y la balacera que sucedió ayer frente al edificio sede del Ayuntamiento de Navolato, advierten de la escalada de violencia cuyo desafío a autoridades e instituciones está lejos de ser eventos de delinciencia catalogados como comunes en la situacion de guerra entre organizaciones del narcotráfico.

Al verse comprometida la seguridad de servidores públicos e instituciones de gobierno el análisis debe ir más allá de situar los eventos criminales en el apartado de víctimas colaterales, actuando superficialmente para esconder amemazas que tal vez son de mayor alcance e impacto.

El atentado que según tenía el propósito de despojar al alcalde Richard Milán de la camioneta en que transportaba, así como la persecución entre delincuentas que derivó en una persona asesinada y tres heridas, en la plazuela contigua al palacio municipal de Navolato, ocasiona que la población se sienta en situación de mayor vulnerabilidad ante la posibilidad de que funcionarios y dependencias estén en la mira del crimen organizado

De la misma manera deriva la pregunta respecto a que los sucesos violentos se cometen contra personas e instituciones que por ser etratégicas para la gobernabilidad tendrían que contar con mayor seguridad pública, entonces por qué los sicarios disparan sus armas de fuego sin ser contenidos por los operativos militares y policiales.

Al hartazgo social derivado de más de un año de narcoguerra se le añaden nuevos y peores motivos para desconfiar del gobierno y la pacificación que ofrece. Pareciera que mientras en Sinaloa más se habla y se hace para recuperar la paz, el crimen sube de nivel la violencia y reto a las autoridades e instituciones.