La presencia este día en Mazatlán del Gabinete de Seguridad Nacional encabezado por el secretario de Seguridad Pública y Protección del Gobierno federal, Omar García Harfuch, corresponde a la magnitud del problema de violencia que vive el destino de playa por los homicidios dolosos, desapariciones forzadas y afectaciones a la imagen del puerto debido a hechos de delincuencia que afectan a turistas.

Tal vez lo más trascendente del traslado a Mazatlán de la mesa de coordinación en materia de seguridad pública sea el reconocimiento de la realidad, la cual empeñan en negar las autoridades locales, no obstante que la actividad criminal continúa y los operativos militares y policiales hacen lo suyo pero no lo suficiente para que la tranquilidad impere en lugareños y visitantes.

La actitud de la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Mireya Sosa, y de la alcaldesa Estrella Palacios, al afirmar que Mazatlán es un lugar seguro para vacacionistas, puede entenderse como parte del marketing para resguardar a la industria sin chimeneas, aunque de ninguna manera debe ofrecérseles a los visitantes algo que no está garantizado: la protección contra la acción criminal.

La visita de García Harfuch resulta estratégica siempre y cuando él y los mandos del Ejército, Marina y Guardia Nacional que lo acompañan no se dejen seducir por cantos de sirena que en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa postulan paz y dominio de la ley como paquete ofertado a los turistas, mismo discurso de baja de la violencia que el Gobierno federal publicita.

Mazatlán también es parte de la crisis de la seguridad pública en Sinaloa y el plan gubernamental para rescatarlo como lugar seguro debe ir más allá de la llegada de refuerzos de fuerza pública y discursos que ocultan los peligros. García Harfuch está emplazado a rendir mejores resultados y también a abandonar sus estadísticas promocionales de paz al alza que en vez de alentar a la población le evidencian la fallida estrategia de responder a las balas con saliva.