El secretario de Agricultura del Gobierno federal, Julio Berdegué Sacristán, procede a segmentar el campo mexicano por regiones al llegar a acuerdos sobre los precios y comercialización de productos agrícolas que atienden situaciones según cada zona del país, pero no plantea la estrategia nacional que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum para el rescate de este sector de la economía.

Mientras afirma haber llegado a arreglos con los agricultores del Bajío respecto al precio de garantía por tonelada de maíz, en Sinaloa la protesta sube de nivel por la falta de respuestas que signifiquen certidumbre y la inconformidad escala a la amenaza de labriegos que prefieren dejar la tierra sin cultivar porque no es rentable la siembra de granos.

A los gobiernos emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional les ha resultado difícil conectar la realidad del campo con las políticas públicas que ofrezcan estabilidad sostenida con la confianza en las instituciones, pues hasta hoy son los discursos los que se ofrecen al por mayor y la tardía concreción de palabras empeñadas le mete presión al agro una y otra vez abandonado.

Las disparidades en el trato a los productores del campo son evidentes cuando a los maiceros de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se les garantiza un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco, mientras que en el noroeste de México los representantes de la industria rompieron un primer acuerdo de pagarla a 7 mil 200 pesos y bajaron la oferta a 5 mil 800 pesos.

El régimen denominado como el segundo piso de la Cuarta Transformación no da señales de evolucionar en cuanto a la mentalidad de la agricultura comercial o social en franco progreso, ya que permanece con acciones asistencialistas que extienden la pobreza en vez de combatirla. La pongan como la pongan, la crisis del campo en Sinaloa es igual aquí y donde sea porque el abandono del gobierno es semilla que únicamente hace germinar mayor atraso e inconformidad.