La disputa por el control de Badiraguato, que es la región sede de la facción que comandó Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa, escribe otra fase de la llamada narcoguerra que libran los hijos de este narcotraficante preso en Estados Unidos, contra los descendientes de Ismael “El Mayo” Zambada, también a disposición de la justicia del vecino país del norte.
Todo indica que la pelea por La Tuna, ranchería icónica en la narrativa del narco, significa algo así como la cereza del pastel para las dos organizaciones criminales y aliados que durante más de un año pelean palmo a palmo por los territorios del trasiego de drogas ilícitas, confrontación que se extiende de centro a sur del estado y con menor intensidad en el norte.
Sin embargo, más allá de los intereses y capacidades bélicas de las células delictivas que chocan, a los operativos de fuerza pública federal y estatal les toca la responsabilidad de proteger a la población pacífica en su vida, patrimonio y derechos por tararse de ciudadanos cuya circunstancia de hallarse entre fuegos cruzados no los hace culpables de nada y sí los agrega a las franjas de peligro que convierte en víctimas colaterales a personas y familias de bien.
Las instituciones de derechos humanos, atención a víctimas y de procuración e impartición de justicia están obligadas a instalar las alertas que sean necesarias antes de que a Badiraguato lo sometan abusos propios de las guerras antinarco que durante décadas alteran la tranquilidad y legalidad, a partir de la Operación Cóndor de finales de los años setenta cuando tanto delincuentes como militares anularon las garantías constitucionales.
La lucha gubernamental por reponerle a Sinaloa la legalidad y tranquilidad enfrenta la diseminación del conflicto intracártel hacia nuevas zonas de la entidad, reto y apremio para que la acción militar y policial también crezca en la capacidad de cuidar a la gente de paz. La ampliación a Badiraguato del conflicto interno en el CDS, teniendo a La Tuna como trofeo de guerra, de ni guna manera debe significar nuevos territorios que los criminales le ganan al Gobierno.

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