La intercepcion por parte de la Marina Armada de una embarcación sospechosa en aguas del Golfo de California cercanas a Topolobampo, en la que viajaban 28 jóvenes en su mayoría menores de edad, requiere de la investigación ministerial a fondo que determine si se configura el delito de trata de personas.

Al respecto, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo habla del posible delito de retención con fines laborales mientras que la oficina del Desarrollo Integral de la Familia en Ahome le dio el manejo prácticamente de viaje de placer al hallar que los rescatados presentan buena salud, higiene y vestimenta, sin indicios de sometimiento y abusos.

Aunque hay versiones encontradas sobre este hecho, existen bastantes cuestiones a esclarecer como la propiedad de la embarcación que navegaba sin ruta declarada, quién encabeza el grupo de jóvenes, lo concerniente al trabajo infantil y sobre todo si eran trasladados en contra de su voluntad y reciben amenazas para encubrir a probables delincuentes.

Las instituciones procuradoras de justicia estatal y federal tienen la obligación de proteger a los menores relacionados con el caso, así como desactivar maniobras que intentan normalizar cómo tantas personas sin explicación convincente sean sean localizadas mediante un operativo de patrullaje marítimo en el buque sin bitácora registrada ni tripulantes y sin tratarse de embarcación de transporte de pasajeros.

En México crece el delito de trata de personas, cometido por enganchadores de jornaleros que los ofrecen a las plantaciones agrícolas con rasgos de esclavitud laboral. La Fiscalía de Sinaloa puede resaltar con la debida investigación que detecte y ponga a disposición de la justicia a los que operaron este cargamento humano en el barco fantasma que cruzaba el Mar de Cortés.