Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan asesinado la noche del 1 de noviembre cuando celebraba en una plaza pública el encendido de las velas, es el alcalde 106 en ser asesinado en los últimos 9 años en México.
Su asesinato mandó un mensaje: no se trata de cualquier caso, sino de un político independiente que denunció la corrupción gubernamental y al narco para tratar de combatirlo, llamando al pueblo de Uruapan, Michoacán, a levantarse contra el crimen organizado.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que Manzo contó con protección federal y escoltas, pero días antes el propio Alcalde señaló en un evento público que se habían retirado más de 200 elementos federales del municipio.
“Desde el mes de diciembre de 2024, contaba con protección asignada, y en mayo un reforzamiento adicional. Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para organizar el ataque”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México durante conferencia de prensa.
Este no fue un asesinato ordinario, ni un hecho aislado, sino el método más claro con el que grupos armados y poderes fácticos imponen control territorial.
La base de Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, detalla que entre 2017 y 2025 los asesinatos contra presidentes municipales siguen ocurriendo en múltiples estados, con picos en entidades donde los cárteles, la disputa por rutas y la debilidad institucional se combinan, sobre todo Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Zacatecas.
Cada asesinato de una autoridad municipal equivale a una remoción violenta del “representante más cercano” al territorio, como ocurrió con Carlos Manzo, un hombre electo y autonombrado independiente, con un ejercicio político de combate frontal a la violencia.
Los ayuntamientos en México operan a ras de tierra, con obras pequeñas, contratos de proveeduría, seguridad pública de prevención, licencias, permisos, acceso a dinero y a mano de obra electoral.
Los patrones de victimización siguen un conjunto de dinámicas reconocibles: alcaldes amenazados cuando se niegan a pagar cuotas; presidentas municipales extorsionadas por presupuestos de obra pública; asesinatos ligados a control de rutas de trasiego; desapariciones en pueblos serranos donde solo hay una carretera de entrada y otra de salida.
Donde el Estado no llega con seguridad y fiscalización –como sucedió con Manzo–, el crimen organiza el orden, decide quién gobierna y quién no. En esos lugares, un alcalde asesinado no solo implica una muerte, sino el reemplazo forzado de la autoridad.
No es solo violencia contra una persona
Esa violencia no es anecdótica ni marginal: en el recuento de datos que sostiene Data Cívica únicamente para autoridades municipales (alcaldes, alcaldesas, ex alcaldes, alcaldes electos y familiares), aparecen 691 ataques documentados entre 2017 y 2025.
No todos son asesinatos, pues también hay amenazas, atentados, desapariciones forzadas y agresiones mientras ejercían el cargo. Pero el volumen mismo confirma que la violencia contra gobiernos locales es sistemática, nacional y acumulada.
Los estados con mayor densidad de casos coinciden con corredores estratégicos para el narco y con zonas donde el control territorial se disputa a balazos, y donde los partidos más presentes en el ámbito municipal (PRI, PAN, PRD, Morena y PT) han tenido víctimas en sus filas.
Lo que muestran las cifras es que los ataques a alcaldes son un “medidor perfecto” para calcular el riesgo político: donde se agrede a quien gobierna, se está disputando poder real.
En zonas como Guerrero, Oaxaca o Michoacán, la línea entre gobernar y sobrevivir es delgada. Los datos –que abarcan distintos años, municipios y partidos– confirman que no es un fenómeno asociado a una sola fuerza política, sino a la estructura misma del territorio mexicano: a quien controla contratos, carreteras, obra pública y policía municipal se le mata, se le amenaza o se le desaparece.
En ese registro de 691 agresiones, cada fila de la base de datos es una señal de cómo los golpes al nivel local siguen siendo el mecanismo principal para reconfigurar, por la fuerza, quién manda.
Los asesinatos son el núcleo más grave dentro del conjunto de ataques contra alcaldes. De las 691 agresiones registradas contra autoridades municipales y sus familiares, 484 corresponden a asesinatos consumados. Sin embargo, entre todos, 106 son casos directos contra alcaldes y ex alcaldes.
Entre las víctimas aparecen nombres que representan geografías distintas y partidos distintos, pero que comparten un patrón: ejercían poder de decisión sobre el territorio.
Algunos ejemplos del propio registro: son Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán; Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, Guerrero (PRD); Miguel Ángel Licona, ex alcalde de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo (PRI); Miguel Ángel Locina Pérez, también ex alcalde de Mixquiahuala (PAN); y Víctor Molina Dorantes,ex alcalde de Colipa, Veracruz (PRD). La lista es mucho más larga, alcanza decenas de estados y partidos.
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