La convocatoria que realizan en conjunto el empresario Alberto Coppel Luken y el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, para aglutinar a los sectores sinaloenses en el planteamiento de mayor presupuesto en 2026 para la seguridad pública y justicia en Sinaloa, debe sensibilizar a los poderes Ejecutivo y Legislativo en atención a esta demanda que es de los ciudadanos y su expectativa por recuperar la paz, con legalidad y tranquilidad.

El llamado a la toma de decisiones cruciales establece que invertir más en mejor seguridad y justicia es una decisión valiente, pero también estratégica y urgente ya que no sólo reduce el delito sino también mejora el bienestar, promueve la inversión y reconstruye el tejido social.

Para justificar la necesidad de destinarle mayores recursos públicos a la seguridad se acude a los argumentos de que Sinaloa solamente tiene 0.33 policías estatales y preventivos por cada mil habitantes, mientras que el Modelo Óptimo de la Función Policial del Consejo Nacional de Seguridad Pública establece que el estándar mínimo de elementos operativos en activo que debe tener un estado es de 1.8 policías por cada mil habitantes.

Otro punto a atender tiene que ver con la Fiscalía General del Estado que en 2024 recibió un presupuesto de mil 72 millones de pesos, muy a la baja comparado con entidades como Chihuahua que le asignó 3 mil 233 millones de pesos y Sonora con 2 mil 62 millones de pesos, lo cual implica en el ámbito local menor capacidad investigativa debido a que a cada agente del Ministerio Público le corresponde atender un promedio de 76 carpetas de investigación, sin considerar el rezago histórico acumulado.

Existen bastantes elementos de sustento, como el hecho de que el presupuesto asignado a seguridad pública en Sinaloa es casi el mismo de 2018 y por lo tanto el déficit acumulado en siete años por no crecer al ritmo de la inflación anual es de 4 mil 877 millones de pesos. La realidad expone que el fortalecimiento a la estrategia de combate a la violencia con visión de construcción de paz duradera tiene que ser la prioridad que abracen el gobernador Rubén Rocha Moya y la 65 Legislatura del Congreso del Estado, así como la sociedad está preocupada y ocupada en que acabe la narcoguerra y que no se repita.