El gobernador Rubén Rocha Moya insiste en abrir frentes de conflicto en momentos en que la situación de Sinaloa exige el tesón unánime, de ciudadanos y autoridades de todos los niveles de gobierno, empujando fuerte en contra de la delincuencia organizada que durante 14 meses exhibe suficiente capacidad para instalarse como poder de facto.

En La Semanera del lunes 11 de noviembre el mandatario descalificó al empresario Alberto Coppel Luken que impulsa la gestión de mayores recursos públicos destinados a mejor seguridad pública, planteamiento pertinente cuando la 65 Legislatura local entrará al análisis de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para Sinaloa en 2026.

Además durante la transmisión de su conferencia de prensa Rocha le dio un trato inadecuado coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, al catalogarlo como empleado de empresarios y aparte titular del CESP que participa en reuniones gubernamentales en las cuales se definen acciones para la protección de los ciudadanos.

Sinaloa no está para confrontaciones entre actores fundamentales de la estrategia para contener la violencia que indistintamente afecta a la sociedad, pues basta con el enfrentamiento entre grupos del narcotráfico y los terribles saldos en homicidios, personas desaparecidas, robo de vehículos y el efecto dominó que la inseguridad causa en los sectores social y económico.

De cualquier manera, con o sin los políticos en el gobierno, como ha sucedido siempre la sociedad sinaloense trazará e instalará las rutas hacia la legalidad y gobernabilidad. En vez de mostrarse refractario a la acción cívica que busca salidas de la prolongada crisis de la seguridad pública, Rocha Moya debe asumir la obligación que el desempeño del cargo le determina, de gobernar para todos de manera receptiva e incluyente.