Por diferentes medios, interlocutores y argumentos se ha emplazado a actores y sectores económicos, políticos y sociales a actuar en conjunto en la gran acción que requiere Sinaloa para salir de la peor crisis de la seguridad pública que haya tenido, cohesión unánime que sería la última posibilidad de recuperar la paz con visión de corto y largo plazo.

El miércoles, por ejemplo, el informe de seguridad pública en Sinaloa que presentó el experto en el tema, Javier Llausás Magaña, hace el exhorto oportuno al Gobierno, Congreso y empresarios para que trabajen al lado de la sociedad en la búsqueda de soluciones a la violencia que coloca a Culiacán en el cuarto lugar nacional en comisión de homicidios dolosos, con 120 casos por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Al destacar el incremento que registra Sinaloa en muertes por armas de fuego, robos de vehículos y desapariciones de jóvenes, Llausas le solicitó a la 65 Legislatura estatal que convoque a ciudadanos, empresarios y víctimas para elaborar un presupuesto participativo y fortalecer las policías locales, ya que los recursos públicos asignados a seguridad no pueden ser los mismos año con año.

También planteó al gobierno de Rubén Rocha que debe reconocer el problema de la inseguridad como primer paso para resolverlo ya que “si no hay voluntad política, no vamos a llegar a ningún lado, pero si trabajamos juntos no hay problema que no podamos resolver”, mientras que al sector privado lo convocó a participar pues “si no se mete en esto, será muy difícil salir adelante”.

La participación ciudadana se presenta como única opción para restablecer el Estado de derecho en Sinaloa, después de 14 meses de crimen irrefrenable y esfuerzos insuficientes para contenerlo. Si las instituciones y quienes las presiden ignoran la emergencia de unir a la sociedad en esta crucial batalla cívica, entonces estarán en evidencia las omisiones que aportan para que la narcoguerra continúe.