La Casa Blanca publicó este 14 de noviembre una nueva Orden Ejecutiva que modifica el alcance del arancel recíproco aplicado a ciertos productos agrícolas importados por Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump, argumentando facultades en materia de seguridad nacional y comercio exterior, anunció que diversos bienes agroalimentarios quedarán exentos del llamado “reciprocal tariff”, siempre y cuando provengan de países que no forman parte de acuerdos comerciales que ya otorgan preferencias específicas. Aunque el anuncio ha generado ruido mediático y especulaciones sobre su impacto, lo cierto es que México, y por ende el tomate sinaloense, no obtiene ningún beneficio con este cambio.

La razón es sencilla, pero políticamente incómoda: las tarifas recíprocas no aplican a México ni a Canadá, porque ambos países están dentro del T-MEC. Desde su entrada en vigor, este tratado eliminó ese tipo de aranceles entre los tres socios comerciales, dejando fuera de la ecuación cualquier impacto directo para el sector hortícola mexicano. En otras palabras, ningún tomate producido en Sinaloa (el mayor exportador de tomate fresco a EE.UU.) paga ese arancel que Trump ahora exenta para otros países.

Entonces, ¿quién sí gana con esta medida? Países como Guatemala, Honduras, República Dominicana y algunos productores del Caribe y Centroamérica, cuyas exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos sí estaban sujetas al arancel recíproco. Sin embargo, aquí viene el dato clave que diluye cualquier narrativa de impacto profundo en el mercado norteamericano: los volúmenes combinados de exportación de tomate de estos países no representan ni el 2 % del consumo estadounidense.

Es decir, por más que la Orden Ejecutiva se promueva como una medida para “ajustar la oferta” y responder a las “necesidades del consumidor estadounidense”, el efecto real será marginal, casi irrelevante, en términos de precios o disponibilidad de tomate en los anaqueles de supermercados. Lo que Estados Unidos consume en tomate fresco (literalmente millones de toneladas al año) proviene mayoritariamente de México, específicamente de Sinaloa, Baja California y Jalisco.

El costo político del tomate
El tomate es, desde hace más de 25 años, un producto políticamente sensible en la relación bilateral México–Estados Unidos. Su peso económico, su presencia en la dieta cotidiana de los estadounidenses y la competencia con productores de Florida lo han convertido en una moneda de negociación recurrente. Más allá del arancel recíproco, el verdadero obstáculo que enfrentan los productores mexicanos es la cuota compensatoria antidumping, que ha sido utilizada por grupos agrícolas estadounidenses para presionar, limitar o encarecer la entrada del tomate mexicano.

Esa cuota (impulsada principalmente por productores de Florida) es la que realmente afecta los precios y el flujo comercial. Mantiene incertidumbre, aumenta costos y limita la competitividad de uno de los sectores más dinámicos del campo mexicano. Y es aquí donde la contradicción política es más evidente: si Trump realmente quisiera bajar los precios del tomate para beneficio de sus votantes, como ha declarado en múltiples ocasiones, la medida más eficaz no sería ajustar aranceles recíprocos a países con participación marginal, sino negociar con el gobierno de México la reducción o eliminación de la cuota antidumping que hoy se aplica al tomate nacional.