El gobernador Rubén Rocha Moya debe sustentar en factores de seguridad, rentabilidad y pertinencia la decisión de realizar la Feria Ganadera de Sinaloa 2025, del 20 al 30 de noviembre, después de que en 2024 fue suspendida debido a un ataque a las instalaciones en las que se realiza el evento, por la jornada de violencia que desde entonces y a la fecha afecta a Sinaloa.

Determinaciones de este tipo exigen explicaciones amplias a la ciudadanía y sobre todo la garantía de que al acudir a la exposición pecuaria, o al trasladarse a ésta desde sus casas, operarán los eficientes operativos en el contexto actual que todos los días reporta homicidios, desapariciones forzadas, robo de vehículos y ataques a domicilios y negocios.

La reanudación de la Feria Ganadera es un asunto de vital importancia y como tal el gobierno y los organizadores están convocados a evitar acciones fincadas en el propósito de presentar como seguro al estado aún teniendo al alcance los reportes de ilícitos que significan peligro para la gente, no se diga cuando se trata de grandes aglomeraciones de personas.

Hace un año, en la víspera de que iniciara dicha feria, un grupo armado disparó contra la zona de taquilla y acceso al inmueble de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa que es sede de la muestra bovina, dando motivos para la suspensión en previsión de que nuevas acometidas violentas comprometieran la integridad física de las familias que acuden al lugar.

Lejos de tratarse de una decisión administrativa o de cuidado a la imagen política, la determinación de realizar la edición 2025 de la Feria Ganadera tendrá que ser resultado de una buena estrategia de seguridad pública. Independientemente de que la población decida asistir o no, al Gobierno del Estado y la UGRS les toca la responsabilidad de valorar las condiciones prevalecientes y actuar en consecuencia.