Culiacán, Sin.- A días del cuarto informe de gobierno de Rubén Rocha Moya, Iniciativa Sinaloa hace un balance duro: el estado enfrenta un retroceso en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. La organización advierte que el gobierno opera con justicia selectiva, protege a funcionarios cuestionados y mantiene “capturada” la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) con perfiles no idóneos.

En entrevista para ESPEJO, Marlene León Fontes, directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa, sostiene que la administración estatal no ha demostrado voluntad real para investigar, sancionar ni corregir actos de corrupción. Por el contrario, señala, ha construido una estructura que impide la vigilancia ciudadana y que concentra el control político de los procesos de supervisión.

“La Secretaría de Transparencia está bloqueando el combate a la corrupción. Transparencia en Sinaloa está capturada por perfiles no idóneos”, afirma.

Una Secretaría sin perfil y sin resultados

Para León Fontes, uno de los principales problemas es la falta de capacidad y compromiso en la Secretaría de Transparencia. Considera que la persona titular no cumple con el perfil técnico ni con la ética pública que exige un cargo estratégico para el sistema anticorrupción.

Además, advierte que esta falta de idoneidad se traduce en hechos concretos como la inacción ante casos de corrupción, omisiones en la integración de órganos internos de control, ausencia de informes públicos robustos y un patrón constante de minimizar o proteger a funcionarios señalados.

“Después de tantos escándalos, no entendemos cuántos más tienen que pasar para que haya consecuencias. Vemos protección, no rendición de cuentas”, señala.

Justicia selectiva como sello del sexenio de Rocha

Iniciativa Sinaloa identifica otro patrón, este es un gobierno que actúa solo contra sus adversarios políticos mientras deja sin investigar casos relevantes al interior de la administración estatal.

León enumera ejemplos:

“Los únicos casos de corrupción que este gobierno va a presumir son los que implicaron pleitos políticos caso Estrada Ferreiro, Químico Benítez y ahora Vargas Landeros. En todo lo demás ha habido omisión o protección. Eso es justicia selectiva”, afirma.

Un sistema anticorrupción debilitado

Según Iniciativa Sinaloa, el estado enfrenta un debilitamiento deliberado de los contrapesos institucionales. Entre los puntos más críticos mencionados están:

  • La no designación de titulares en órganos internos de control.
  • La falta de investigaciones administrativas serias.
  • La concentración de facultades en actores cercanos al Ejecutivo.
  • La exclusión de sociedad civil en procesos de vigilancia y auditoría.

“Hay una obstrucción de la justicia administrativa desde dentro del gobierno. Y esa obstrucción impacta todos los ámbitos: educación, salud, economía e incluso seguridad”, advierte.

A pesar del diagnóstico crítico, León considera que Sinaloa aún tiene margen para corregir rumbo, sobre todo con la discusión de una reforma estatal en materia de transparencia.

“Es un momento clave para demostrar voluntad. Con buenos perfiles y con apertura ciudadana, Sinaloa puede volver a ser referente nacional. Pero si se mantienen los bloqueos políticos y la protección a funcionarios, no habrá reforma que alcance”, enfatiza.

Para Iniciativa Sinaloa el gobierno llega al cuarto informe con deudas profundas en transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Lo que se ha visto hasta ahora, señala León, son señales de captura institucional y decisiones orientadas a proteger intereses, no a garantizar el derecho a la información ni la justicia administrativa.

“Sinaloa merece un gobierno que rinda cuentas. Y hoy, eso no está sucediendo”, concluye.

 

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