Por Itzel Ramírez / La Verdad Juárez
Ilustraciones: Regina García, con ayuda de inteligencia artificial

César Duarte Jáquez descendió con dificultad del avión que lo trajo de Ciudad de México y acababa de aterrizar en la ciudad de Chihuahua. Entonces subió a una silla de ruedas para que se le trasladara a su lugar de reclusión, el Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Aquiles Serdán, en las afueras de la ciudad.

Un día después, el 3 de junio de 2022, el exgobernador del Estado de Chihuahua aparecía ante un juez por una de las 21 órdenes de aprehensión que pesaban en su contra por delitos como peculado y enriquecimiento ilícito, presuntamente cometidos durante su mandato, entre 2010 y 2016.

Después de su arresto y posterior prisión de casi dos años en Florida, la extradición de Duarte a México dio alas a la expectativa fundada de que se haría justicia en el caso más grande de corrupción del que se tenga registro en Chihuahua y que, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales y estatales; sobornos a políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos; y hasta para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia. Aunque en la única causa penal que se le sigue actualmente a Duarte se le señala por el desvío de 96 millones de pesos.

Pero esa imagen del Duarte desfalleciente, que luego entraría y saldría de la cárcel de manera intermitente “por su delicada condición de salud”, como alegaban sus defensores, hace tiempo que dejó de existir.

Fuera de prisión en México desde el 5 de junio de 2024 gracias al cambio de una medida cautelar, Duarte recuperó su vitalidad. Hoy ofrece conferencias de prensa, se toma fotos en restaurantes, bares y fiestas en la ciudad de Chihuahua y, cómo no, baila como lo hacía cuando gobernaba la entidad, en la cima de su poder. Entre tanto, el exgobernador enfrenta en libertad un único caso penal que permanece sin fecha de inicio del juicio oral, después de haberse librado de varios procesos administrativos y de una demanda civil en Estados Unidos.

A la par, Duarte comenzó una estrategia encaminada a pasar como un perseguido de la justicia, tal como hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una recomendación en la que pidió darle registro oficial de “víctima”.

En realidad, Duarte se hizo su propia suerte. La ilusión de justicia que su extradición alimentó por un tiempo se vino abajo por la activación de una suerte de arquitectura de la impunidad que el propio exgobernador presuntamente construyó desde años atrás.

La primera parte del andamiaje consistió en asegurarse un Poder Judicial a modo para que, llegado el momento, los puestos clave para decidir el futuro del exmandatario estuvieran en manos de magistrados cercanos a él. Duarte terminó la estructura cultivando afinidades con políticos que, a la postre, ocuparían la Fiscalía General del Estado y la gubernatura, desde donde ordenaron reacomodos tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Todo ello le dio sustrato a la narrativa actual, que lo exime de responsabilidades y que considera las investigaciones en su contra, con acusaciones de presuntos desvíos de recursos, como venganzas políticas.

La maquinaria quedó bien aceitada. En virtud de ella, el gobierno estatal, que hoy detenta un partido distinto al de Duarte, ha sido omiso para entregar información y pruebas en los casos que se le siguen al exgobernador, o para dar seguimiento o entablar apelaciones en su contra. Así lo revelan documentos a los que La Verdad Juárez tuvo acceso, entre ellos sentencias, carpetas de investigación, órdenes de aprehensión, acuerdos de aseguramiento y la solicitud de extradición. Esa protección por omisión deliberada se ha extendido también a decenas de personajes que forman parte del entorno y de la administración del exmandatario, y que ahora han vuelto a la nómina estatal.

El gobierno de María Eugenia Maru Campos, a través de su vocero, José Luis Martínez; el Tribunal Superior de Justicia, mediante su coordinador de Comunicación Social, Luis Rubén Maldonado, que dejó el cargo hace unas semanas; la FGE, así como el senador y exgobernador Javier Corral, ignoraron las peticiones de entrevista e información para esta investigación, al igual que el exmandatario Duarte, quien autorizó a uno de sus abogados para atender la solicitud.

El patrón

 

En medio de la campaña presidencial de 2012, el entonces candidato priista, Enrique Peña Nieto, que resultaría vencedor, presumía ser parte de un “nuevo PRI”, una generación de políticos jóvenes que, como él, impulsaban un proceso de renovación del partido que gobernó México por más de 70 años. Como ejemplos, Peña Nieto nombró a tres gobernadores electos entre 2010 y 2011: Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, mandatarios de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, respectivamente.

El tiempo mostraría que sí hubo un rasgo común: los tres, hoy exgobernadores, huyeron del país apenas terminaron sus administraciones bajo señalamientos de corrupción. Luego fueron capturados en el extranjero y traídos a México para enfrentar procesos penales. Pero ahí acaban las coincidencias: de entre ellos y otros exgobernadores priistas como el nayarita Roberto Sandoval, fue César Duarte el único que logró salir de prisión para enfrentar su caso en libertad.

A tres años de la extradición de Duarte, no hay una sola sentencia ni proceso administrativo en firme que haya establecido sanción en su contra por los 2 mil 468 millones 136 mil 348 pesos desviados presuntamente bajo su mandato, ni siquiera por el monto de la única acusación penal vigente en su contra. Las investigaciones han sido todas desechadas por imprecisiones en los marcos normativos, tiempos de resolución o fallas procesales, situaciones únicas para los casos del duartismo.

En las 11 órdenes de aprehensión que aportó la FGE como pruebas para la solicitud de extradición que se radicó en Estados Unidos, se detalla el modus operandi de una red creada por el exmandatario para el desvío de recursos públicos y conformada por una veintena de funcionarios entre titulares de instituciones, subsecretarios, directores generales y administrativos.

En pocas palabras: Duarte hacía del conocimiento de sus funcionarios más cercanos su requerimiento de cierta cantidad de dinero, ya fuera para campañas electorales, compra de votos en el Congreso de Chihuahua o adquisición de ganado, ranchos y otros bienes. Luego venía la operación burocrática. Sobre todo desde las secretarías de Hacienda y de Educación y Deporte, así como en la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, los titulares y directores procedían a ajustar la documentación para simular licitaciones y suficiencias presupuestales. A veces, hasta elaboraban los entregables por los que las empresas, supuestamente, cobraban cientos de millones de pesos. Al final venía el pago, que regresaba a manos de Duarte en efectivo.

Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador, como Jaime Herrera Corral, Carlos Hermosillo, Antonio Tarín García, Gerardo Villegas Madriles y Ricardo Yáñez, entre otros, conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero.

“Necesito el recurso, no quiero problemas, a ver cómo le hacen”, habría dicho Duarte a sus subalternos a inicios de 2015, cuando les contó que requería 500 millones de pesos para las campañas electorales de ese año, según cita la orden de aprehensión 1260/2017, a la que accedió La Verdad Juárez.

En esa ocasión el equipo duartista optó por simular un contrato de 120 millones de pesos con Kepler Soluciones Integrales, Jesús Manuel Esparza Flores, titular de la Auditoría Superior del Estado –el organismo que fiscaliza el gasto público–, fue quien gestionó y operó el contacto con la empresa, de acuerdo con la investigación.

Era un procedimiento que se venía perfeccionando desde dos años antes. En 2013, Duarte ordenó el pago de 25 millones de pesos para una campaña de publicidad para candidatos a diputados locales, presidentes municipales y síndicos del PRI, con fondos de las arcas estatales, según la carpeta de investigación 2168/2017, que adjuntó las facturas como prueba del desfalco.

Según esa investigación, entre los candidatos beneficiados con los fondos procedentes del Estado estaban Javier Garfio, Daniel Garza, Teporaca Romero del Hierro y Eloy García Tarín. Cuando terminó la llamada Operación Justicia para Chihuahua, como la FGE llamó a las carpetas relacionadas con desvíos de recursos de Duarte y su red, Romero del Hierro y García Tarín encontraron cobijo en la nómina estatal, ahora al amparo de la gobernadora María Eugenia Maru Campos Galván, que designó a una como titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y al otro como director general del Conalep y posterior vocero de la FGE.

“El poder es para poder”, fue una máxima que Duarte acuñó mientras gobernaba Chihuahua. La consigna alcanzó también para beneficiar a su propia familia.

Duarte recibió en total 12.2 millones de pesos como sueldo durante su sexenio, mientras que sus empresas y negocios le reportaron 32.8 millones de pesos de ganancias para el mismo periodo, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales citadas por la FGE en las investigaciones en contra del exmandatario.

Sin embargo, en su última declaración patrimonial, César Horacio Duarte Jáquez reportó un patrimonio de más de 195 millones de pesos, un monto que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se acrecentó por los delitos cometidos por el exmandatario para beneficiar a sus parientes y a sí mismo.

Conforme esas acusaciones, era común que Duarte ordenara vuelos en la flota estatal para viajes no oficiales, entre ellos uno de junio de 2016, cuando el mandatario ordenó que un avión viajara de Toluca a Cancún para recoger a su hijo, César Duarte Gómez, según se lee en la causa 2149/2017.

El poder igualmente sirvió para pagar dos cuentas de la tarjeta American Express de Bertha Gómez Fong, esposa de Duarte: una vez en 2011, por 43 mil pesos, y otra ocasión en 2013, por 80 mil pesos. Así se señala en el memorándum de apoyo para la solicitud de extradición elaborado por los fiscales Ariana Fajardo Orshan y Jason Wu, y los funcionarios Christopher J. Smith y Rebecca A. Haciski, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras estudiar el caso y las pruebas presentadas por ambas partes, los funcionarios estadounidenses concluyeron que había causa probable para creer que Duarte había cometido los delitos de los que se les acusaba en México, según se establece en el documento, consultado por este medio.

Duarte, que se define a sí mismo como empresario, vendedor de coches y ganadero, también pretendió estrenarse como banquero, eso sí, con recursos públicos.

En septiembre de 2014, la organización Unión Ciudadana, liderada por el abogado Jaime García Chávez, interpuso una demanda contra Duarte ante la entonces Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito, abuso de atribuciones y facultades, y peculado, presuntamente cometidos al crear un fideicomiso para invertir en el Banco Unión Progreso, una institución financiera en donde el priista figuraba como accionista mayoritario y adonde se habrían hecho transferencias de dinero público por al menos 65 millones de pesos.

En los años de gobierno del presidente Peña Nieto, la PGR no ejerció acción penal alguna por estos hechos.

Tribunal de lealtad

Era el 8 de noviembre de 2021, justo a dos meses del inicio del nuevo gobierno estatal. A Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, se le vio salir del despacho de la gobernadora Maru Campos después de reunirse con ella durante un par de horas.

Parco, apenas pronunció palabra. El magistrado se limitó a decir a la prensa que acababa de presentar su renuncia por motivos “estrictamente personales”, una renuncia de la que ya se rumoraba desde hacía unas semanas.

Ese mismo día, la jueza Lauren Fleischer Louis, de la Corte del Distrito Sur de Florida, autorizaba la extradición de César Duarte a México, donde sería juzgado precisamente por el TSJ.

Cuatro días después, el 12 de noviembre, el pleno del TSJ eligió a la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta para reemplazar a González Villalobos al frente del Poder Judicial de Chihuahua.

La coreografía de fichas en el Poder Judicial llevaba la huella del duartismo: Myriam Hernández fue nombrada magistrada gracias a una reforma de octubre de 2014, impulsada por los legisladores Rodrigo de la Rosa Ramírez, César Jáuregui Moreno, María Ávila Serna, Hortensia Aragón Castillo y Fernando Reyes Ramírez, todos señalados en las investigaciones de la “nómina secreta”, un esquema de sobornos en efectivo entregados por orden de Duarte a personajes públicos.

Justo dos años antes de que finalizara el gobierno duartista, a Hernández la nombraron magistrada el 13 de noviembre de 2014, con 30 votos de 31 posibles emitidos a su favor, entre ellos, el de la entonces legisladora Maru Campos, hoy gobernadora de Chihuahua. Otros de los magistrados nombrados ese día fueron Luis Villegas Montes, Jorge Abraham Ramírez y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, los dos últimos también investigados por presuntos actos de corrupción dentro de la Operación Justicia para Chihuahua.

Durante el proceso de extradición de Duarte, Myriam Hernández, Luis Villegas y Otilia Flores, en su calidad de magistrados del TSJ, declararon ante autoridades estadounidenses que las acusaciones penales en contra del exgobernador eran “una persecución política”, según señalaron a La Verdad dos funcionarios de primer nivel en el gobierno de Javier Corral que participaron en el juicio.

El documento que presuntamente contiene esas declaraciones permanece sellado en una corte del estado de Florida a petición de la defensa de Duarte, por lo que hasta ahora no está disponible para su consulta.

El día de su designación, La Verdad Juárez preguntó a la magistrada si su declaración, presuntamente favorable a Duarte, ante una jueza estadounidense, entorpecería la aplicación de la justicia al exgobernador.

“El tema del exgobernador es un tema que no está en este momento en el Tribunal, y se agotarán las instancias correspondientes, en tanto se lleve en debido proceso; eso es lo que nos corresponde hacer”, respondió la magistrada Hernández, sin negar el supuesto de la pregunta.

Pero tal vez no hacía falta conocer los registros del testimonio de Hernández para acreditar su filiación a Duarte. En aquel momento, por ejemplo, el activista y abogado Jaime García Chávez consideraba la elección de Hernández como un regreso del duartismo.

“Desde la semana pasada, la magistrada Myriam Hernández está en campaña para obtener los votos del resto de los magistrados; o sea, la futura presidenta ya les pidió los votos porque así lo decidió la gobernadora. Myriam Hernández es una gente que llegó gracias al apoyo de César Duarte, lo que nos muestra que todas las fichas del duartismo se están acomodando en su lugar”, sentenció entonces.

Sería luego, ya con Myriam Hernández al frente del TSJ, que comenzó la persecución y el acoso de jueces que trataron casos relacionados con la corrupción de Duarte y sus cercanos, indicaron fuentes judiciales.

“Para nosotros [los jueces que atendieron casos de la Operación Justicia para Chihuahua] no eran más que casos complicados mediáticamente, y jamás nos imaginamos todas las represalias por solo hacer nuestro trabajo. De pronto, ya estábamos envueltos en una red de odios y venganzas que no vimos venir”, contó un togado que llevó algunas de las causas de los duartistas y que solicitó no revelar su identidad.

Uno de los jueces que ha vivido esa persecución es Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, que en abril de 2021 vinculó a proceso a Maru Campos por la “nómina secreta” dentro de la causa penal 2821/2020.

En marzo de 2023 se hizo de conocimiento público que el TSJ, a través de la Unidad de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas, emitió un acuerdo donde determinó que el juez Mendoza Rodríguez había cometido faltas administrativas graves al vincular a la gobernadora Maru Campos en el caso de la “nómina secreta”.

El juez presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo que consideró amenazas a su vida y seguridad derivadas de estos señalamientos. En diciembre del mismo año, Mendoza obtuvo un amparo que le concedió la protección de la justicia federal ante las posibles presiones, acciones de acoso, hostigamiento y amenazas de las que era objeto desde el TSJ.

Luego, dentro del Tribunal comenzaron las reformas que fortalecieron al grupo de magistrados de la era duartista, el cambio en la asignación de jueces en los casos relacionados con corrupción, y las expresiones públicas sobre acoso laboral a juzgadores que participaron en los mismos asuntos.

En febrero de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo del Consejo de la Judicatura del TSJ que modificó la distribución de las causas penales del sistema penal acusatorio. El acuerdo estableció una separación entre jueces de control y enjuiciamiento y una nueva distribución de las causas penales, tanto las vigentes como las de nuevo ingreso. El cambio supuso que fuera el juez provisional Luis Simental quien desahogó la etapa inicial del proceso contra Duarte, en lugar de la jueza Alejandra Ramos, que había emitido la orden de aprehensión en contra del exmandatario. Según fuentes al interior del TSJ, el documento también posibilitó que nuevos jueces retomaran todos los casos relacionados con la Operación Justicia para Chihuahua.

Además de esta modificación, en menos de tres años el Poder Judicial de Chihuahua ha tenido al menos otras dos reformas estructurales que dotaron de más poder a los integrantes del Consejo de Judicatura. La primera modificación data de mayo de 2022, cuando se eliminó el concurso de oposición como método para ocupar magistraturas, lo que favoreció que fueran los jueces y magistrados nombrados durante el periodo de César Duarte quienes llegaran a puestos importantes en el Consejo de la Judicatura, además de que obligaba a que personas sin carrera judicial fueran propuestas para ocupar algunas magistraturas.

En esa ocasión, organizaciones como México Evalúa, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación Renace SLP, el Instituto de Justicia Procesal Penal y el Observatorio de Designaciones Públicas consideraron que la propuesta atentaba contra la independencia del TSJ.

La siguiente reforma tuvo lugar en abril de 2024, cuando se dotó al Consejo de la Judicatura del poder para definir los criterios de evaluación de aspirantes a magistraturas vacantes. De acuerdo con legisladores de oposición esta reforma pone en riesgo la división de poderes y la independencia de la función judicial.

Los resultados de la elección judicial del 1 de junio pasado parecen la pieza final hacia la formación de un TSJ a modo, con la llegada de Hortencia García Rodríguez, la jueza que permitió la salida del exgobernador de la cárcel con el cambio de medida cautelar, como magistrada penal.

Héctor Villasana Ramírez, abogado de Duarte, resultó electo magistrado también de una sala penal, sin embargo, una sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua revocó su nombramiento.

Si la cabeza del Poder Judicial, Myriam Hernández, era cercana a Duarte; la nueva dirigente del TSJ también tiene vínculos políticos, pero ahora con la gobernadora Campos.

Desde el 1 de septiembre, al frente del Tribunal Superior de Justicia está Marcela Herrera Sandoval, exfuncionaria del gobierno de Maru Campos. La magistrada recién electa aparecía en los “acordeones” distribuidos por trabajadores de la administración panista para guiar las votaciones judiciales de junio pasado.

Todo apunta a que el engranaje que comenzó a girar en 2014 no se detendrá.

Persiguiendo a la jefa

María Eugenia Campos Galván no llevaba ni una hora como gobernadora de Chihuahua cuando se refirió a Duarte y a la postura que tomaría su administración respecto al exmandatario, que en aquel momento seguía preso en Miami en medio de su proceso de extradición.

“Quiero decirle a todo Chihuahua y a todo el país, de una vez por todas: en el caso Duarte ni perdón ni olvido, por supuesto que no, y ya cerramos también esa página y nos ponemos a trabajar”, lanzó la recién nombrada gobernadora, enfundada en un traje sastre blanco y en compañía de la plana mayor del Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita.

Lo que no dijo Campos aquel día fue que su propio gobierno sería el encargado de continuar la investigación conocida como la “nómina secreta”, donde ella fue acusada formalmente de participar. Un claro conflicto de intereses.

Entre 2014 y 2015, María Eugenia Maru Campos acudió mensualmente a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para recoger dinero de la “nómina secreta”; una vez que tenía el efectivo en mano, la también subcoordinadora del grupo parlamentario del PAN firmaba recibos que luego se usaron como prueba en las investigaciones de la FGE y de la Secretaría de la Función Pública.

El modus operandi se repetía con al menos otras 33 personas, que en su mayoría ocupaban algún puesto público. Duarte, de acuerdo con las investigaciones, siempre era quien ordenaba a Hacienda la entrega de los recursos.

Campos y César Jáuregui, compañero de partido y hombre de todas las confianzas de la actual gobernadora, habrían recibido cerca de 10 millones de pesos en efectivo, de un total estimado de cerca de mil millones que Duarte habría entregado tan solo en este esquema de pagos, acusó la FGE.

El dinero servía como moneda de cambio: legisladores como Campos y Jáuregui recibían el efectivo y apoyaban los intereses de Duarte, especialmente aquellos relacionados con la aprobación de deuda y con las revisiones a las cuentas públicas.

La participación directa de Maru Campos fue descrita por Jáuregui Moreno en una declaración ministerial de 2019, como parte de las investigaciones de los fiscales de Chihuahua, reportó el diario español El País.

“Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del grupo parlamentario, que me apoyara tanto en los trabajos de apoyo social como en la representación de la coordinación a mi cargo, a efecto de que facilitara la recepción de los recursos que el Ejecutivo del Estado debía dar a través del órgano hacendario de referencia. La entrega de dicho recurso por parte del Poder Ejecutivo era sistemática, mensual y regular (…) Cada vez que la Lic. Campos Galván acudía ante la Secretaría de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, debía firmar el recibo de entrega que se le requería para la recepción del numerario”, dijo Jáuregui en la declaración citada por el medio.

Gracias a esta confesión, Jáuregui pudo acogerse a un criterio de oportunidad, que permitió a la FGE solicitar el inicio de un juicio penal contra Maru a inicios de 2021.

En abril de ese año, cuando Campos ya era la candidata a gobernadora por el PAN, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó su vinculación a proceso por la causa penal 2821/2020, correspondiente a la “nómina secreta”.

Campos resultó ganadora en la contienda electoral y el 7 de septiembre, a un día de su toma de protesta, un magistrado del Poder Judicial de Chihuahua la exoneró al considerar que no había pruebas de que el dinero que recibió hubiera condicionado los votos a favor de Duarte.

Ese mismo 2021, también fue vinculada a proceso por la causa penal 3022/2020, en la que se le acusaba de recibir sobornos de empresas constructoras a cambio de la asignación de contratos mientras era alcaldesa de Chihuahua; a días de asumir la gubernatura, la Fiscalía Anticorrupción desistió de la acusación.

A la postre, sería el propio Jáuregui –el mismo que reconoció la participación de Maru, y la suya propia, en la “nómina secreta”– quien terminaría al frente de la Fiscalía General del Estado, cargo al que llegó por propuesta de la gobernadora. Hoy es el máximo responsable de seguir con las investigaciones de los hechos de corrupción que le implican a él y a su jefa, y lleva las carpetas sobre la corrupción ocurrida durante el gobierno de César Duarte.

El fiscal no solamente es subordinado de Campos, también le une a Duarte una cercanía que data de su coincidencia en el Congreso local, recordó el abogado Jaime García Chávez, quien puso la primera denuncia contra Duarte ante la Fiscalía General de la República.

“Duarte hizo una relación estrechísima de amistad con Jáuregui, pero de amistad así, de que se acababan las sesiones y, pues, al restaurante o a la cantina o a platicar; haga de cuenta que eran miembros del mismo partido”, relató García Chávez en entrevista.

Con esos vínculos, la justicia quedó comprometida, de acuerdo con el activista.

“Con esto, qué quiero decir, que las relaciones ahí son estrechísimas, van en el mismo barco tratando de salvarse, porque hay muchas más cosas, algunas que no han trascendido a la escena judicial”, mencionó.

La cercanía de Duarte con los mandos del nuevo gobierno también dio frutos en la escena internacional. El pasado 26 de junio, el exmandatario anunció en conferencia de prensa que había fracasado la demanda civil interpuesta en 2019 por el Gobierno de Chihuahua en Texas para reclamar la devolución de propiedades que, presuntamente, habían sido adquiridas por Duarte y su familia en Estados Unidos.

La resolución del juez Rubén Morales del Tribunal 7 del Condado de El Paso, Texas, dio por cerrado el caso, sin haber juzgado si, en efecto, el exgobernador era dueño de esos bienes inmuebles, hasta 50 según se dijo, y si los había adquirido con los desvíos de recursos públicos de Chihuahua.

En un largo post en su cuenta de X, el exgobernador Javier Corral dio pistas de lo que había sucedido en ese proceso.

“Que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares”, aseguró Corral en junio pasado, “no es porque las propiedades del vulgar ladrón de César Duarte no existan, sino porque el Gobierno del Estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos (…) nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee le solicitó para aportar elementos de prueba en el juicio”, acusó Corral en su cuenta de X.

Tras conocerse la resolución, Campos Galván descalificó el expediente contra Duarte, al decir que estaba “viciado en todos los sentidos”.

Buzbee, el despacho que llevó la representación del Gobierno del Estado desde 2019, no respondió a las repetidas peticiones de entrevista hechas por La Verdad Juárez para conocer si la administración de Maru Campos en realidad completó las diligencias, o no.

Al menos dos documentos publicados en medios de comunicación muestran que el despacho texano en efecto pidió al gobierno de Chihuahua que se definiera algún representante y que se mandaran pruebas para el recurso metido por Duarte; según Corral, ninguna de esas misivas tuvo respuesta.

El representante legal de Duarte, Juan Carlos Mendoza, dijo desconocer el caso civil en Estados Unidos y que ni su despacho ni su cliente habían recibido notificación o aviso alguno.

“Nada de eso ha existido, no está en ningún expediente, no hay ninguna notificación, no hay ningún embargo, no hay ningún aseguramiento (…) y, por lo que yo sé, el gobierno de Chihuahua también al licenciado Duarte, si tuviera bienes allá, aquí también lo tendrían que haber notificado, y aquí no ha sido notificado sobre ningún aseguramiento, sobre ningún embargo, sobre absolutamente nada que afecte su esfera jurídica en algún bien fuera del país. No hay, no tenemos ningún vínculo jurídico con el gobierno de Chihuahua en relación a algún bien en los Estados Unidos”, afirmó en entrevista.

Pero el pronunciamiento del juez en Texas, por motivos procedimentales menos que por alguna convicción sobre el fondo del asunto, hizo que el caso de las 50 supuestas propiedades de Duarte y su familia quedara desechado.

Disculpe usted, señor Duarte

Era noviembre de 2023. En la Ciudad Judicial de Chihuahua, frente a la jueza Delia Valentina Meléndez se sentaba el exgobernador, César Duarte. Este intentaba por cuarta vez salir del Centro de Reinserción Social 1 de Aquiles Serdán, para lo que solicitaba un cambio de medida cautelar.

Cuando la jueza negó la petición, Duarte estalló.

“Usted se pasó de la raya por atribuciones, y no hable. Usted nos ha querido imponer aquí… Estoy guardando compostura… Haga lo que tenga que hacer, a mí no me tiene que estar diciendo lo que yo haga. A mí ya no me espanta nada. Si en las condiciones de salud que estoy… No me levanto, ni por favor me levanto. Le quiero decir que aquí usted ha abusado de la transparencia y la buena fe. La verdad de las cosas: por lo pronto estoy en la cárcel y ahí me tienen y por lo pronto a ver si me muero y les sale más barato. Que vengan y me retiren, yo no me voy a levantar, así es como merecen. Esto quedará en la historia. No me voy a levantar, no, que me retiren. Dele la instrucción a quien usted manda, a mí no me manda”, gritaba Duarte a la jueza, la misma que unos meses antes había declarado la apertura del juicio oral en la causa 3041/2019.

Ocho meses después, el 6 de junio de 2024, la jueza Hortencia García Rodríguez concedió al exgobernador la medida que tanto exigía. Lo hizo sin una audiencia de por medio, sin solicitud formal de la defensa del exgobernador, y sin apelación por parte de la FGE. El argumento fue que había vencido el plazo máximo de dos años de prisión preventiva oficiosa. Así, Duarte pudo al fin salir del penal y establecerse de nuevo en Chihuahua, donde una orden judicial le impide salir de la ciudad y le obliga a portar un brazalete electrónico.

En la actualidad no existe fecha prevista para que este juicio contra el exmandatario arranque, pues su defensa ha interpuesto varios amparos que impiden que un tribunal de enjuiciamiento determine el inicio del procedimiento, pendiente desde septiembre de 2023, informó el TSJ.

Y es que, en realidad, una vez de regreso en México, la justicia ha sido condescendiente con Duarte.

Por ahora, César Duarte tiene pendiente un solo proceso penal en Chihuahua, que enfrenta en libertad. Es la causa 3041/2019, en la que se le acusa del desvío de 96.6 millones de pesos de fondos públicos que habrían sido pagados a Unión Ganadera Regional del Norte de Chihuahua y a Financiera de la División del Norte, donde Duarte era presidente y socio.

Desde el gobierno estatal y el Poder Judicial, aseguró el abogado y activista, Jaime García Chávez, las piezas se han acomodado para que Duarte sea exonerado y pueda limpiar su nombre.

“Hay toda una estrategia para allanarle el camino a Duarte hacia la solución de todos los problemas, de diversa naturaleza”, abundó.

No es como en Florida, donde Duarte encaró un entorno judicial ni por asomo tan amable. De hecho, la historia pintaba diferente en cada una de las audiencias del proceso de extradición que se celebraron en Miami, donde fue detenido en julio de 2020, y auguraba un desenlace más riguroso para el exgobernador.

Con las pruebas que México presentó ante las autoridades estadounidenses, los fiscales de ese país consideraron que había elementos suficientes para responsabilizar a Duarte de corrupción.

El fiscal Jason Wu dijo que la solicitud de extradición contenía todos los elementos para determinar la “asombrosa” corrupción que hubo en el gobierno de César Duarte, y que la documentación presentada era suficiente para acreditar desfalcos millonarios que el exgobernador habría ordenado y se canalizaron a través de un esquema de simulación de contratos.

Con esos antecedentes, en noviembre de 2021, la jueza Lauren Fleischer Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, determinó que existían “causas probables para creer que el demandado cometió los delitos de conspiración y malversación de fondos gubernamentales que se le imputan en México”.

Al llegar a México, a Duarte lo perseguían otras 19 órdenes de aprehensión locales (entre ellas las de número 1260/2017, 727/2017, 457/2017, 2149/2017, 780/2017, 1687/2017, 1820/2017, 2152/2017, 2159/2017, 2160/2017, 2168/2017, 3021/2019) y una de carácter federal, identificada como FED/UEAF/UNAI-CHIH/44/2019.

Si bien Duarte acarreaba todas estas causas, una particularidad del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos lo ayudó a evitar algunas de ellas. El tratado contempla una “regla de especialidad”, que establece que una persona no puede ser juzgada en su país de origen por un delito diferente a aquel que motivó su entrega, a menos de que exista consentimiento expreso del país que concedió la extradición.

Tras la extradición de Duarte, el Gobierno de Chihuahua debió solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República que formalizaran ante Washington una solicitud de “excepción a la regla de especialidad”, para que se pudiera formular la imputación de las otras causas en las que ya existía orden de aprehensión.

Según Javier Corral, sucesor de Duarte en la gubernatura de Chihuahua, en agosto de 2023 el gobierno de Estados Unidos concedió la excepción de la regla en al menos seis órdenes de aprehensión.

Siempre de acuerdo a lo publicado por el exgobernador Corral en su sitio web, el TSJ había sido notificado el 9 de agosto de 2023 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de esta autorización.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por medio del área de comunicación social, no respondió al requerimiento de información sobre el estado que guardan los procesos en contra de Duarte.

De esas supuestas seis órdenes, solamente se ha iniciado el proceso por una. El 22 de agosto de ese año, a Duarte se le informó de la nueva orden de aprehensión en su contra por la causa penal 1260/2017, aunque el procedimiento quedaría eventualmente frenado por la justicia federal.

En este caso se señala a Duarte por el presunto desvío de 120 millones de pesos en fondos públicos para pagar a la empresa Kepler por servicios no prestados. El 22 de agosto de 2023, con Duarte en la cárcel, la FGE ejecutó la orden de aprehensión; sin embargo, para febrero de 2024, la jueza federal Martha Cecilia Zúñiga Rosas concedió un amparo que detuvo el procedimiento para, de ese modo, trazar un precedente que podría invalidar otros juicios, pues se argumentó la violación al Tratado de Extradición con Estados Unidos.

Para el abogado Jaime García Chávez, en este caso se transparentó el eje fundamental de la defensa del exgobernador.

“La movida magistral que ha logrado hasta ahora Duarte es que todo se reduzca a los 96 millones en el asunto en el que hay una causa penal [otra, la 3041/2019]. Tiene a su favor la interpretación del Tratado de Extradición, de que solo se puede juzgar por el delito por el que se concedió que se le extraditara a México, y cualquier cambio tiene que ser consultado allá en Florida. A Duarte nada más lo van a enjuiciar por eso, pero 96 millones son nada frente al tamaño de la corrupción; ahí ya ganó Duarte”, comentó García Chávez.

Hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna otra orden de aprehensión contra el exgobernador. De acuerdo con el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el gobierno de Chihuahua busca llevarlo a juicio por otras ocho causas penales, pero estaría a la espera de la autorización del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes del gobierno anterior, dentro de la Fiscalía de Chihuahua también había al menos otras cinco carpetas de investigación contra Duarte, que quedaron a la espera de su posible judicialización.

Mientras en la FGE comanda un fiscal que autorizó la recepción de dinero público de manos de Duarte, en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FA) no existía, hasta inicios de 2025, ni una sola carpeta de investigación en contra de César Duarte ni de alguno de sus familiares, como reveló a La Verdad el vocero de la dependencia, René Medrano.

A pocos meses del cambio en el gobierno estatal, en mayo de 2022, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán, presentó su renuncia al cargo a pesar de que su periodo terminaba en 2026. A Chávez la sustituyó Abelardo Valenzuela Holguín, un militante del oficialista PAN desde 1986 y personaje cercano a la gobernadora Maru Campos; su nombramiento recibió críticas de los legisladores de oposición.

Ni la FGE ni la Fiscalía Anticorrupción accedieron a informar cuántas causas penales hay en contra de Duarte ni de sus familiares cuando La Verdad solicitó información al respecto. Javier Corral Jurado tampoco respondió a la solicitud de entrevista para esta investigación.

César Duarte declinó dar una entrevista para este reportaje, pero autorizó que en su nombre respondiera Juan Carlos Mendoza Luján, su abogado y apoderado legal.

Para Mendoza Luján, todos los procesos contra el exgobernador y sus colaboradores no han sido más que una farsa.

“He visto cuánta energía y cuántos recursos se utilizan para mantener una mentira.
Imagínense nada más, de toda la gente que está presa y sin sentencia, se imagina todos los recursos públicos que se han utilizado en esta payasada”, dijo en entrevista el abogado.

En septiembre pasado, otra ficha se movió a favor de Duarte: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua emitió una recomendación en la que pide se le considere una víctima por la vigilancia que hacen las autoridades estatales.

La resolución está firmada por la visitadora Paulina Chávez López, que trabajó en la Secretaría General de Gobierno durante el sexenio del exmandatario (2010-2016) y que no advirtió de un posible conflicto de interés para el estudio y conclusión de la queja iniciada por Duarte, su otrora jefe.

Sin fecha de juicio, sin sentencia, con dos procesos en suspenso y considerado una víctima por instituciones estatales, aquella promesa de la gobernadora Maru Campos de “ni perdón ni olvido” para Duarte parece dormir el sueño de los justos.

Que no quede huella

 

En la cumbre de su poder político, César Duarte era a la vez un empresario exitoso. Su esposa, Bertha Gómez Fong, había fundado en 2004 Hidroponia de Parral SA de CV, un negocio dedicado a la producción y exportación de tomate.

Para 2015, Hidroponia de Parral ya era una empresa próspera. Tenía 13 hectáreas de siembra con nueve invernaderos que le permitían producir más de 23 mil toneladas de tomate bola fresco de calidad de exportación, con un valor comercial aproximado de 11.4 millones de dólares.

Aunque formalmente el exgobernador no es dueño de Hidroponia de Parral, desde 2005 se ostentaba como consejero de la empresa, que fue considerada parte de la red que formaron también las cuentas personales de Duarte y su familia para captar recursos públicos desde Unión Ganadera División del Norte, que a su vez había sido beneficiada con millones de pesos del erario.

En el ocaso del gobierno de Javier Corral, el 7 de mayo de 2021, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua determinó que la compañía había omitido el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2014, por lo que se fijó un crédito fiscal por 13.8 millones de pesos.

El 24 de mayo de 2023, ya con Maru Campos en el gobierno, la defensa de Duarte reclamó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que la notificación de ese crédito fiscal no se había llevado conforme a derecho y que, cuando presentó un recurso de revocación ante Hacienda, la dependencia no emitió respuesta alguna.

Esa omisión de la autoridad fue la que al final permitió que el caso se llevara ante el TFJA. El 19 de marzo de 2024, el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, de la Sala Regional del Norte Centro 1 del TJFA, resolvió el procedimiento 1009/23-04-01-5-OT a favor de Duarte: nulidad lisa y llana del crédito fiscal por irregularidades en la notificación y por la falta de respuesta de Hacienda.

La sentencia aclara que no se estudió el fondo del asunto, es decir, la validez del crédito fiscal, y que la autoridad estatal está en posibilidades de volver a emitir la sanción para tratar de recuperar los impuestos que no fueron pagados por la empresa de Gómez Fong.

Cinco meses después de esa sentencia, Naranjo Espinoza llegaría al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en específico, a la titularidad de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, creada en julio de 2024 por la mayoría panista en el Congreso de Chihuahua.

El exgobernador Javier Corral ha cuestionado la actuación del magistrado, a quien señala como amigo cercano de Roberto Fierro Duarte, exfiscal General de Chihuahua y actual titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, instancia encargada de revisar algunos procesos administrativos de César Duarte.

En septiembre de 2024, Naranjo Espinoza impuso una sanción administrativa a Javier Corral por faltas en su declaración patrimonial.

“El Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa EPRA049/2024 fue turnado inicialmente al Magistrado Presidente del TEJA, Alejandro Tavares Calderón, pero después fue asignado a Naranjo Espinoza para consumar una venganza de la gobernadora”, informó Corral en su página web.

El 31 de octubre de 2024, el TFJA emitió la sentencia 1979/24-04-01-3-OT, también favorable a Duarte por otro crédito fiscal a Hidroponia de Parral. Al igual que en el caso previo, no ahondó en el fondo del asunto, pues la Secretaría de Hacienda de Chihuahua dijo desconocer si había algún crédito fiscal emitido contra la empresa o alguno de sus dueños.

“Señala en esencia la Delegada de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua que (…) no existe la resolución o acto impugnado que señalan las accionantes, por lo que, no hay una afectación jurídica a sus intereses (…) la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, informó que no obran en sus archivos expedientes administrativos a nombre de dichas contribuyentes”, se lee en la sentencia, emitida por la jueza María Juana López Briones.

Posteriormente, ambos resolutivos fueron confirmados por el Poder Judicial de la Federación, como informó Duarte en una conferencia de prensa el 2 de julio pasado.

Dejan pasar la corrupción

 

Si en el terreno penal el escenario ha cambiado a favor de Duarte, en el administrativo el panorama es inmejorable.

A estas dos sentencias federales, Duarte y su defensa han sumado otros triunfos en el terreno administrativo, relacionados con presuntos casos de corrupción, pues las autoridades sancionadoras desecharon las causas correspondientes

En noviembre de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejó sin efectos el procedimiento administrativo para castigar el desvío de seis millones de pesos del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua a la organización Unión Ganadera División del Norte, donde Duarte era socio y dirigente.

Según los argumentos de la SFP en la resolución del procedimiento PAD 002/2019, ya había prescrito el plazo legal para sancionar el desvío, debido a que el marco legal todavía no tenía vigencia cuando se celebró el crédito con la organización.

De acuerdo con Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, el exgobernador también fue absuelto en los procedimientos PAD 004/2019, PAD 072/2019, PAD 83/2019 y PAD 11/2020, que la SFP declaró sin efectos. Ninguna de estas cuatro resoluciones ha sido publicada por la dependencia en el apartado correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que incumple el mandato de ley.

Estas resoluciones han significado la derrota de investigaciones que probaban, de manera contundente, los casos de corrupción, de acuerdo con una exfuncionaria que colaboró en el armado de los expedientes.

“Nos alcanzó el destino porque justo fue en el momento en el que coexistieron dos leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de Chihuahua, que fue abrogada. Una tesis a nivel nacional era que se tenía que iniciar y resolver con la ley vigente al tiempo de los hechos; posteriormente sale una jurisprudencia que dice que no, que todo se tenía que hacer a la luz de la Ley General, eso nos hizo volver a hacer los procedimientos por la prescripción”, dijo en entrevista la exfuncionaria, que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.

“Sabíamos que los servidores sancionados no se iban a quedar en la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que iban a ir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por eso teníamos que hacer una investigación sólida”, comentó.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), máximo órgano jurisdiccional estatal en la materia, también ha desestimado los casos contra el exgobernador.

En la sesión del 13 de julio de 2023, el pleno del TEJA resolvió los expedientes 005/2022-3-JRA y 033/2022-1-III JRA, en los que se acusaba a Duarte de desvío de recursos y conflicto de interés por dinero entregado a Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.

Entre 2011 y 2014, ambas organizaciones recibieron 102.6 millones de pesos del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de supuestos convenios de apoyo económico para la adquisición de equipos para inseminación artificial de ganado, adquisición de vaquillas, indemnización a productores, compra de alimento para ganado, compra de un predio en Parral –el feudo por excelencia de la familia Duarte–, pago de viáticos por traslado a ferias, repoblamiento de ganado y adquisición de frijol, maíz y avena, según se lee en el expediente número 005/2022-3-JRA.

En tanto que, en el caso 033/2022-1-III JRA, se acusó a Duarte, a Manuel Enrique Russek Valles y Jaime Ramón Herrera Corral, entonces secretarios de Hacienda y Economía, respectivamente, de haber incurrido en conductas de conflicto de interés por desvío de recursos, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias por un apoyo económico de 20 millones de pesos otorgado en 2015 a Unión Ganadera Regional División del Norte.

En ambos casos, el TEJA sobreseyó los asuntos al considerar que las conductas atribuidas a Duarte y los exfuncionarios a su cargo habían prescrito, pues se cometieron y tipificaron dentro del marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que todavía no estaba vigente al momento de cometerse los actos imputados.

De acuerdo con el razonamiento del Tribunal y de la SFP, esas conductas se cometieron cuando en la entidad estaba vigente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, que fue abrogada en junio de 2018.

De nuevo, un cese por consideraciones técnicas o procedimentales y no sobre el fondo del asunto.

Pero la actuación del TEJA contrasta con la resolución que, de acuerdo con reportes periodísticos, se emitió durante el primer semestre de 2024, cuando el órgano sentenció a Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de César Duarte, al pago de dos mil 723 millones de pesos y a una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos.

Estas decisiones y la dilación de los procesos penales son, para la exfuncionaria consultada, un intento de fingir que la corrupción del sexenio duartista nunca existió y, con ello, limpiar la imagen del político.

“Es una burla lo que está sucediendo, como cuando lo extraditan [a Duarte] sale la gobernadora a decir que ‘ni perdón ni olvido’, que lo van a refundir en la cárcel, y luego resulta que con un simple oficio de una juez sale el día de las elecciones. Claro que eso estaba planeado por ese Poder Judicial que es su defensor, nomás falta que le pongan un altar en la Plaza del Ángel”, comentó la entrevistada.

La historia la escriben los vencedores

En agosto de 2016, cuando el PRI ya había perdido las elecciones estatales ante Javier Corral, el candidato del PAN que hizo del combate a la corrupción duartista su bandera principal, César Duarte ofreció una de sus últimas entrevistas. Entonces la justicia no lo perseguía y se animó a afirmar que, cuando dejara la gubernatura, seguiría viviendo en Chihuahua, específicamente en Parral.

Ante los señalamientos sobre el crecimiento de su patrimonio y de beneficiarse del dinero público, Duarte se defendía una y otra vez. Según él, no había tocado ni un peso del erario, como se cansaba de afirmar en esa oportunidad ante el entrevistador.

No obstante, 60 días después, Duarte ya era ilocalizable. No asistió en octubre siguiente a la toma de protesta de Corral en el Congreso, tampoco llegó a Parral; por casi cuatro años el paradero de Duarte fue un misterio, hasta julio de 2020, cuando fue detenido en Miami, en un lote de autos.

Durante esos años era noticia común la detención de exfuncionarios de Duarte, el inicio de decenas de procedimientos penales, los anuncios de nuevas órdenes de aprehensión: el nuevo gobernador, Corral, se esmeraba en presumir de que comandaba un aparato estatal volcado completamente al castigo de la corrupción de su antecesor.

Sin embargo, los logros de la Operación Justicia para Chihuahua de Corral no fueron tan deslumbrantes como el discurso. La ineficacia también jugó a favor de Duarte. Para junio de 2021, el gobierno estatal informó que la Operación Justicia para Chihuahua había recuperado apenas 712 millones de pesos. Hacia finales de 2024, de los 33 procesos penales iniciados por corrupción a excolaboradores de Duarte, solo 13 habían llegado a sentencia y el resto permanece sin conclusión, informó el TSJ en respuesta a una solicitud de información. Actualmente, ninguno de esos exfuncionarios permanece en prisión.

De los sentenciados, algunos como el diputado Fernando Reyes Ramírez, esposo de Teporaca Romero del Hierro y Armando Cabada Alvídrez, actual diputado federal por Morena, aceptaron su culpabilidad y llegaron a acuerdos reparatorios.

Amén de su propia inoperancia, la imagen misma de la Operación Justicia para Chihuahua viene siendo erosionada por la narrativa oficial que la gobernadora Maru Campos impulsa para descalificar las investigaciones contra la corrupción iniciadas por Corral y mellar su credibilidad. Para ello, ese relato ha llegado a asegurar que las indagaciones de entonces estuvieron basadas en declaraciones obtenidas bajo tortura. Los delitos presuntamente cometidos por Duarte y su red habrían sido fabricados por motivos políticos, según la gobernadora, implicada en al menos una de las carpetas de investigación.

“Este gobierno ha querido decir que estaban mal integradas [las carpetas de investigación], que estaban endebles, que no había soporte documental, que todo fue hecho a base de testigos, que los inventaron bajo presión y tortura. Eso forma parte de las mentiras que [los duartistas] han salido a decir ahora que se sienten protegidos. Siempre dijimos que era importante quién quedaba en el gobierno para el futuro de la Operación Justicia para Chihuahua, el tiempo nos dio la razón”, sentenció en entrevista una exfuncionaria de la administración corralista.

Un académico de una institución pública de Chihuahua, que pidió el resguardo de su identidad ante el temor a represalias laborales, explicó que la actuación de la administración de Campos se encuadra en la respuesta típica de quienes son acusados de casos de corrupción.

“Esto es una problemática que se da en todos los países donde se investiga y se procesa corrupción, siempre las redes de corrupción hacen una repulsa en contra de las investigaciones, el argumento que usan es el de desprestigiar a quienes investigan [lo que se convierte en] una narrativa poderosísima que debilita y eso es a lo que siempre le han apostado”, abundó el académico.

La respuesta, agregó, es del tamaño de la corrupción que se descubre.

“Si atacas a la corrupción, tiende a regenerarse descalificando, emprendiendo revanchas, represalias y todos los argumentos que hemos escuchado en este caso [de la Operación Justicia para Chihuahua], no es nada más que la reacción”, concluyó.

Para la exfuncionaria consultada, este discurso que descalifica el trabajo de quienes documentaron los desvíos de recursos públicos es insostenible ante el peso de las pruebas que los fiscales e investigadores obtuvieron.

“Nosotros hacíamos opiniones técnicas respecto a los procedimientos que llevaban a cabo para justificar la salida de recursos, ya sea a las cuentas de César Duarte o hacia las cuentas de sus empresas. Se podía trazar cómo el recurso salía y luego llegaba a las cuentas personales de César Duarte y algunas se iban para pagar impuestos, para pagar la manutención de sus hijas en Ciudad de México, para pagar la nómina de sus empresas, todo eso estaba perfectamente documentado, nadie se lo inventó, nadie lo soñó, eran carpetas de investigación que tenían infinidad de hojas”, detalló.

A la par del discurso oficial están los procesos penales y administrativos que el gobierno de Maru Campos ha iniciado en contra de personajes clave en las investigaciones de la corrupción duartista, como el exgobernador Javier Corral; la exsecretaria de la Función Pública, Mónica Vargas; el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y el exfiscal Francisco González Arredondo.

Con todo, el abogado Mendoza, representante de Duarte, sigue sosteniendo que la falta de sentencias contra Duarte se debe a que toda la Operación Justicia para Chihuahua fue parte de una farsa.

“He visto afectaciones de esta operación, de esta gran novela, he visto morir a gente que realmente aprecié”, comentó el defensor de Duarte en entrevista.

Según el defensor, la prueba de que el exgobernador Corral en realidad no buscaba justicia es que privilegió los casos penales sobre los administrativos.

“Si Javier Corral hubiera requerido recuperar el dinero, lo hubiera hecho por la vía administrativa. A César Duarte no lo necesitaba en la cárcel para poderle imponer un crédito fiscal y poderle quitar todos sus bienes, si hubiera podido demostrar su culpabilidad en un procedimiento administrativo, donde no era ni siquiera necesario la presencia de César Duarte”, manifestó.

Impunidad garantizada

 

En cada una de sus audiencias judiciales, César Duarte se quejaba de todo tipo de afecciones. El exgobernador afirmaba que había sufrido un infarto, que tenía un quiste en el riñón izquierdo y piedras en el riñón derecho, que sangraba permanentemente por divertículos y que, además, se había sometido a cirugías de cervicales y de dos hernias.

Para tratar esos padecimientos, el exmandatario optó por atenderse en hospitales privados de Chihuahua, pues renunció a los servicios médicos ofrecidos por el Cereso, como precisó la FGE en respuesta a una solicitud de información.

Con permiso de las autoridades, Duarte entró y salió de la cárcel para atenderse en los hospitales más caros de Chihuahua. Hasta la fecha se desconoce cuántos días estuvo en internamiento médico, pues tanto la FGE como el TSJ se han negado a transparentar esa información.

Las enfermedades de Duarte no le impidieron dar entrevistas tanto dentro como fuera del Cereso, en las que repetía que su caso representaba una injusticia. Estaba preso, argumentaba, por la obsesión y los caprichos de Corral, pero no por haber cometido algún delito.

Del Duarte enfermo no queda nada. Fuera de prisión y con un brazalete electrónico como única medida de control, el político pasea por la ciudad de Chihuahua, va a fiestas con sus excolaboradores, da conferencias de prensa, baila y pide a sus seguidores en redes sociales que suban las fotos que se han tomado con él.

Robo de agua, la piedra en el camino a la absolución

En el camino a la definitiva absolución de Duarte se atravesó un nuevo imprevisto.

Desde Ciudad de México, el gobierno federal informó que el exgobernador acaparaba de manera ilegal cerca 700 mil metros cúbicos de agua en uno de sus ranchos. En su conferencia mañanera del 28 de mayo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicaron que en el rancho El Saucito se encontraron una presa, cinco represas y un pozo que no tenían los documentos que acreditaran su uso legal.

Sheinbaum dijo que su gobierno interpondría una denuncia contra Duarte ante la Fiscalía General de la República, a fin de que persiguiera los presuntos delitos relacionados con el acaparamiento y uso ilegal del agua.

Menos de 24 horas después de la notificación del procedimiento administrativo de clausura y destrucción de la infraestructura del rancho, la defensa de Duarte obtuvo un amparo, aunque para ese momento las obras ya habían sido demolidas.

Si bien en el ámbito federal podría abrirse este nuevo proceso en contra del exmandatario, a nivel local la historia es otra y parece repetirse.

La nueva dirigente del TSJ, Marcela Herrera Sandoval, también tiene vínculos políticos, pero ahora con la gobernadora Campos Galván.

Para Jaime García Chávez, el error clave del caso Duarte fue la decisión de Javier Corral de privilegiar los reflectores por encima de la justicia.

“Si él [Corral] hubiera sido más diestro en el conocimiento de la lucha anticorrupción, simplemente hubiera dicho: ‘Hay una denuncia pendiente por Unión Progreso, que se lleve hasta el final’, para luego empezar a indagar todo el material que tenía. Y luego, pues, hacer algo más alcanzable. Pero quiso levantarse como el campeón de la lucha anticorrupción en el país, o sea, le ganó la ambición. Y luego, pues, quiso presentar un volumen enorme y, pues, la realidad es que en muchos juicios que se iniciaron tuvieron que irse liberando a las gentes”, explicó el abogado y activista.

En el diagnóstico coincide, irónicamente, el abogado de Duarte. La Operación Justicia para Chihuahua habría por la ambición de popularidad de Corral Jurado, asegura: “El gobierno de Javier Corral inicia su operación para Chihuahua únicamente con la finalidad de aprehender a quien señaló como responsable, y ya cuando vio que penalmente no se pudo, lo intentó por la vía administrativa, pero no pudo y no pudo. Hay un principio general que dice que el que puede lo más, puede lo menos, y, de manera al revés, cuando no puedes lo menos, no puedes lo más.

“¿Dónde está el dinero supuestamente que ya devolvieron, que quitaron? ¿De dónde carajos tuvo Javier Corral el fundamento para vender el ganado que vendió y que todavía se ufanó de haber vendido? ¿Dónde está ese dinero?”, cuestionó Mendoza Luján.

A partir del avance de la estrategia de la defensa, Duarte ha anunciado que buscará que todos sus bienes le sean resarcidos en las condiciones en las que se encontraban cuando comenzó la operación en su contra.

Cuando, el 12 de octubre de 2018, la plana mayor de los funcionarios corralistas de la lucha contra la corrupción se reunió en Ciudad de México en ocasión de un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los centros de estudio del derecho más importantes del país, el entonces fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, y la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, dieron detalles de las investigaciones, el trabajo de inteligencia y los retos que suponía desmantelar una red de corrupción tan amplia como la que, según los funcionarios, encabezaba César Duarte.

En los primeros minutos del foro, la doctora Ana Elena Fierro, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo lo siguiente: “El caso Chihuahua muestra una cosa bien interesante: que los criminales (…) se van a defender. O sea, si pensamos que a la gente, cuando la acusamos de haberse robado seis mil millones de pesos, no va a tener recursos para defenderse, estamos siendo ingenuos. Estamos hablando de delitos de cuello blanco, de delitos complejos. Acuérdense de aquel expresidente municipal que decía que, pues, que los corruptos son corruptos, pero no tontos”.

A siete años de distancia, esas palabras tienen hoy rasgos de profecía. Ciertamente, César Duarte se defiende con todos los medios judiciales y políticos a su alcance, decidido a recuperar incluso los bienes que presuntamente acumuló con el saqueo a las arcas públicas de Chihuahua.

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Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.