Con la entrega que hizo ayer el gobernador Rubén Rocha Moya de 69 nombramientos a nuevos integrantes de Fiscalía General del Estado se avanza en la expectativa del Ministerio Público eficiente en la integración de carpetas de investigación que coadyuven a abatir la impunidad en Sinaloa.

Con rezagos marcados en la debida atencion a delitos de alto impacto, sobre todo en la situación actual de violencia desbordada que afecta a la población y sectores en general, una de las exigencias de la sociedad civil tiene que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía y la asignación de mayor presupuesto a esta institución.

Por supuesto que los 30 agentes del Ministerio Público, 29 agentes de la Policía de Investigación y 10 peritos incorporados a la FGE son insuficientes ante el cúmulo de ilícitos que derivan del choque interno en el Cártel de Sinaloa, sin embargo, sí muestran la dirección correcta en políticas públicas para mayor segurida, como lo exige la sociedad.

Al dotar de mayor capacidad técnica y operativa a la procuración de justicia, el gobernador Rocha da señales de preocuparse y ocuparse de lo que importa a la ciudadanía: una mejor Fiscalía representa un guiño a esfuerzos cívicos que le aconsejan ir en ese sentido y le falta atender la otra demanda colectiva de incluir en el presupuesto de 2026 recursos públicos suficientes para la seguridad pública.

El gobernador y el Congreso del Estado están convocados a actuar en la misma dirección en que van los sinaloenses con los tesones de construcción de paz positiva, sin escatimar en esfuerzos ni inversión pública en una cuestión que es de máxima prioridad. Fortalecer a la Fiscalía constituye sólo una parte de las acciones a implementar entre autoridades y ciudadanos para recuperar la tranquilidad no para un ciclo sino para un porvenir  seguro y con estabilidad en todos los órdenees.