La afirmación de la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla, en el sentido de que ha sido contenido el flujo de armas de fuego al interior del penal de Aguaruto, no significa que las autoridades federales y estatales hayan tomado el control del centro penitenciario permanentemente infiltrado por la delincuencia organizada.

Es verdad que los operativos en el reclusorio de Culiacán continúan con revisiones cada día que realizan militares y policías, pero en cuanto éstos cesen volverán a reinstalarse al interior de la cárcel los vicios y privilegios para internos que en vez de pagar las consecuencias por delitos cometidos parecieran gozar de vacaciones todo pagado tras rejas.

La recuperación del manejo de los penales en Sinaloa requiere de acciones de mayor autoridad, principalmente el combate a la corrupción que es la causa de que el crimen permee la seguridad penitenciaria al inteoducir armas, drogas, equipo de internet y telefonía satelital, así como cuanto objeto o mercancía prohibida se les ocurra a los reclusos.

Mientras persistan los operativos en los centros de readaptación social de Sinaloa resulta obvio que reduzcan la ingobernabilidad, aunque se trata de un logro esporádico tan infuncional como tratar de curar con analgésicos un cáncer terminal de esta área de la seguridad pública.

El Gobierno del Estado ha sido históricamente derrotado en el propósito de tomar el control de los penales debido a que incurre en el mismo error de abordar el problema de manera superficial. De no instalar tecnología de punta, controles de confianza y mandos honestos, las cárceles fallarán en la misión de reincersión social y enfatizarán en el absurdo de ser universidades del crimen.