Los reportes diarios de la violencia que generan organizaciones del narcotráfico en pugna contienen el doble de efecto del cobro de facturas entre células criminales y el mayor amedrentamiento de la población de Sinaloa, reduciendo los márgenes de confianza en que el Gobierno logre situarse como garante de la seguridad y legalidad tal como lo mandata la Constitución.

La cuota de intimidación y miedo que le corresponde a este día a Culiacán deriva del ataque con armas de fuego a las instalaciones de un casino que en días recientes ha recibido agresiones similares y aún así continúa en operación, así como disparos contra las oficinas y baños de una gasolinera ubicada en el bulevar Fray Marcos de Niza, esquina con el bulevar Emiliano Zapata, en la colonia San Rafael.

Afortunadamente sin dejar heridos ni pérdida de vidas humanas, la acometida contra estos espacios normalmente concurridos recalca la capacidad de movilización y acción de la delincuencia que debido al cisma en el Cártel de Sinaloa efectúa ataques entre sí, certificando que la narcoguerra que inició el 9 de septiembre de 2024 continúa activa con sus derivaciones terribles.

La esperanza colectiva por la paz positiva y permanente padece los reveses que cada mañana constituyen el puntual parte de guerra donde los facinerosos proceden a dispersar terror en el lugar y hora que decidan, al mismo tiempo que las familias pacíficas despiertan hundiéndose más en la realidad de desamparo, peligro y autoridades e instituciones rebasadas por el hampa.

Ninguna sociedad puede progresar en el contexto del ininterrumpido ulular de ambulancias, la movilización de fuerza pública federal y estatal, presenciando a los muertos, heridos y bloqueos o siendo víctima de delitos patrimoniales. Por cada día que se prolonga la narcoguerra en Sinaloa las principales víctimas directas son las instituciones y quienes las presiden, el anhelo de tranquilidad sostenida en la ley, y las oportunidades de desarrollo económico lícito.