Culiacán, Sin.- Tras la irrupción de manifestantes indígenas en el arranque de Mexinol en Topolobampo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, respaldó el proyecto y planteó la necesidad de equilibrar la inversión con el cuidado ambiental.

La legisladora reconoció que, aunque la planta de metanol se presenta como una oportunidad para detonar el desarrollo económico en la región, existen voces que advierten posibles afectaciones ecológicas, particularmente en la Bahía de Ohuira.

“Siempre es cómo mantienes ese equilibrio. Todo lo que tiene que ver con inversión… siempre está la pregunta de qué tanto va a impactar, lamentablemente ahí, a veces, la línea es muy delgada, pero ese proyecto cuida todo eso”, señaló, al referirse a proyectos de gran escala.

Guerra Ochoa sostuvo que este tipo de tensiones no son nuevas y comparó el caso con desarrollos turísticos y de infraestructura en otras zonas del país, donde -dijo- la discusión suele centrarse en la delgada línea entre crecimiento económico y daño ambiental.

Sobre las protestas registradas durante el evento, indicó que forman parte de las “voces discordantes” que no están de acuerdo con el proyecto y que temen afectaciones a la biodiversidad del puerto.

No obstante, afirmó que serán las instancias técnicas las encargadas de determinar la viabilidad del proyecto.

“Corresponderá a los organismos técnicos emitir los dictámenes”, dijo.

La diputada también aseguró que el proyecto ha contemplado consultas previas, aunque reconoció que persiste inconformidad entre algunos sectores.

 

¿Qué pasó en Topolobampo?

 

La colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol, en Topolobampo, se convirtió en un punto de quiebre. Integrantes del colectivo Aquí No irrumpieron en el evento para exigir que se realice la consulta indígena previa, libre e informada que, sostienen, es una condicionante ambiental del proyecto y no se ha cumplido.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha Moya fue confrontado por manifestantes, principalmente pescadores y habitantes de comunidades mayo-yoreme de la Bahía de Ohuira, quienes advierten posibles afectaciones a la biodiversidad y a su forma de vida. Entre gritos y reclamos, la tensión escaló hasta interrumpir la ceremonia.

El evento terminó por desbordarse: la estructura simbólica de la primera piedra fue derribada y autoridades salieron del lugar. Más tarde, el gobernador reconoció que la consulta indígena “hace falta”, aunque reprobó la protesta al señalar que este tipo de acciones pueden inhibir la inversión.

 

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