La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno de Estados Unidos, las cuales ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, al tiempo que precisó que los documentos entregados no incluyen elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidad penal de las personas señaladas.
El posicionamiento de la SRE surge luego de que este miércoles el gobierno estadounidense publicara que se han presentado cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes señala por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y tráfico de armas, además de colaborar con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
A través del comunicado 097/2026, la dependencia federal detalló que las solicitudes fueron recibidas el pasado 28 de abril a las 18:00 horas y serán revisadas conforme a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición bilateral vigente entre México y Estados Unidos.
La SRE señaló que, tras una revisión jurídica preliminar, la documentación remitida por la Embajada de Estados Unidos carece de pruebas que permitan sustentar de manera inmediata las solicitudes de detención provisional.
“Los documentos (…) no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, indicó la dependencia.
No obstante, aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos probatorios suficientes conforme al sistema jurídico mexicano, así como la viabilidad legal de proceder con dichas solicitudes.
La cancillería también adelantó que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que se hizo pública la información, al señalar que los tratados internacionales vigentes contemplan disposiciones específicas sobre confidencialidad en este tipo de procedimientos.
Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno de Sinaloa han informado sobre acciones derivadas de estas solicitudes.
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