El ataque letal contra un agente de la Policía de Tránsito de Culiacán, perpetrado mientras éste circulaba en su automovil por La Costerita, refrenda la escalada de agresiones que además de quitarle la vida a trabajadoras de la seguridad pública también aniquilan la confianza ciudadana depositada en corporaciones de protección que son victimas desde su función de cuidar a ciudadanos y sus bienes.

Este hecho también ratifica la postura meramente presencial de las autoridades, fiscalías y funcionarios a cargo de la seguridad pública que se dedican a llevar la estadística de policías asesinados, sin implementar acciones que protejan a aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de hacer valer la ley y procurar el orden.

La víctima agregada ayer acumulaba 20 años al servicio de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y en el momento que se dirigía a su hogar fue privado de la vida, dejando la misma sensación de miedo en sus compañeros de la corporación y el sentimiento de desamparo en las familias de éstos, no se diga la cauda de impunidad que sí está garantizada en estoa casos.

Hasta el momento se desconoce que haya alguna estrategia del Gabinete de Seguridad Pública que prevenga los asesinatos de policías en Sinaloa, más allá de los discursos que frente a cada agente caído lamentan las pérdidas, colocan arreglos florales y dan despedidas de honor, aunque la justicia brille por su ausencia pese a ser el mejor inhibidor de estos crímenes.

La crisis de la seguridad pública diezma a las corporaciones en las cuales la sociedad confía como protectoras legítimas de la gente pacífica y sus actividades, debilitando la delincuencia el principal eslabón de la paz fincada en la legalidad y la justicia. Nadie puede sentirse seguro en Sinaloa al enterarse de que los policías son abatidos por el crimen organizado que de igual manera acomete contra todo y todos.