Frente a temas como el detonado por el Departamento de Justicia de Estado Unidos, señalando vinculación del gobernador Rubén Rocha Moya y servidores públicos en activo o en situación de ex con el crimen organizado, tendrán que ser las instancias ministeriales, judiciales y de relaciones exteriores las que determinen los procedimientos legales que definan si existen o no elementos para fincarles responsabilidades a los presuntos implicados en delitos asociados al narcotráfico.
Más allá de que se trata de un asunto que es caldo de cultivo para juicios sumarios y linchamientos públicos, a Sinaloa le conviene cuidar la estabilidad que emana del Estado de derecho porque la tentación por derrumbar instituciones conllevaría un mayor costo social, económico y político agregado a la crisis de la seguridad pública prolongada por casi 19 meses.
La intención de partidos de oposición al régimen vigente por llevar agua al molino electoral y obtener ganancias a río revuelto, igual que líderes de opinión aprovechados de la confusión en la idea de erigirse como inquisidores, son tan perniciosos como los actos ilegales que desde la Casa Blanca se acusan con índice de fuego contra funcionarios de Sinaloa.
La postura expresada hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que “si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables o en su investigación encuentra elementos de delito deberá proceder conforme a derecho”, es el camino a seguir por una sociedad civilizada que debe permitir que la procuración e impartición de justicia hagan lo que les compete estrictamente ajustadas al marco jurídico, evitando que cualquier modo de injerencia suplante a ministerios públicos y jueces.
En este episodio donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se asume como el policía del mundo resulta fundamental detectar trasfondos que representen trampas para la soberanía mexicana. En el caso que implica al gobernador Rubén Rocha y su equipo cercano, lo que ahora importa es defender a Sinaloa con la acción colectiva que al margen de filias o fobias impida llegar al fondo del barrancos de la ingobernabilidad al cual vamos en caída libre.

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