Raúl Jiménez Vázquez, titular de la fiscalía especializada de control competencial, dijo esta tarde en conferencia de prensa de la Fiscalía General de la República que no se pueden emitir medidas cautelares ni de detención contra los 10 funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, entre los que se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Jiménez reafirmó lo que ya había dicho la misma FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la presidenta Claudia Sheinbaum: en la solicitud que se hizo por el gobierno de Estados Unidos no se anexaron pruebas que pudieran sostener la urgencia de la detención del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios.
“Solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas solidad encuadrables en la normatividad nacional e internacional […] Se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable la urgencia de la detención provisional”, dijo el funcionario.
Por ello, la FGR enviará a la cancillería una petición para que solicite pruebas y documentos por vías confidenciales para que la fiscalía pueda fijar un posicionamiento de carácter institucional.
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