Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos sinaloenses exigieron a las autoridades mexicanas investigar con independencia, transparencia y apego a la legalidad las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
A través de un posicionamiento público difundido este 1 de mayo, las organizaciones advirtieron que los señalamientos trascienden la coyuntura política y exhiben una problemática estructural relacionada con la debilidad de los sistemas de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en México, particularmente en los gobiernos estatales.
Las organizaciones firmantes son la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano Mazatlán, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa, No Se Metan Con Nuestras Hijas, Tacuichamona MX, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, además de 31 personas particulares.
En el documento, subrayan que, aunque debe prevalecer el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, ello no puede ser argumento para la inacción institucional ni para mantener opacidad frente a acusaciones de esta magnitud.
“Las autoridades mexicanas tienen la obligación ineludible de investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar cualquier hecho relacionado con corrupción o vínculos con el crimen organizado, sin dilaciones ni consideraciones políticas”, señalaron.
Las organizaciones sostuvieron que una posible colusión entre autoridades y redes criminales compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, erosiona la confianza ciudadana y perpetúa ciclos de violencia e impunidad en una entidad golpeada históricamente por la violencia ligada al narcotráfico.
Además, expresaron preocupación porque investigaciones de esta magnitud tengan origen en instancias extranjeras, lo que, señalaron, evidencia limitaciones estructurales del Estado mexicano para investigar y sancionar eficazmente la corrupción de alto nivel.
Entre sus exigencias plantearon garantizar procesos transparentes, acceso efectivo a la información pública, fortalecer órganos autónomos de fiscalización y control, así como implementar medidas concretas para evitar la captura de instituciones por intereses criminales.
El posicionamiento fue respaldado por integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos a título personal, quienes afirmaron que el esclarecimiento de este caso será clave para la reconstrucción de la confianza pública en Sinaloa.
“Sin justicia no hay paz. Y sin rendición de cuentas, no hay democracia posible”, concluye el pronunciamiento
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