Rubén Rocha Moya ha solicitado licencia al Congreso de Sinaloa para dejar la gubernatura de Sinaloa.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojar de lo más elemental”, dijo en un comunicado que leyó en un video que fue compartido por los canales oficiales.
“Informó al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado al cargo del gobernador”.
La solicitud de licencia ocurre tras una acusación del gobierno de Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y de armas a favor de “Los Chapitos”, grupo criminal que pertenece al Cartel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de Nueva York, además de Rocha Moya también están señalados el senador y ex secretario de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez, el empresario y ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, los ex directores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el ex director de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y el ex secretario de seguridad de Culiacán Juan Valenzuela Millán trabajaron o forman parte del Cartel de Sinaloa.
“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en la acusación.
De acuerdo con el expediente, los 10 hombres protegieron a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales, además habrían facilitado información sensible sobre policías locales y fuerzas militares sobre sus operativos para apoyar actividades del cartel, como transportar droga ilegal.
“Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”, se lee en el expediente.
El gobierno estadounidense indicó que los funcionarios han trabajado con y para diversos criminales, pero sobre todo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
“Junto con los acusados, han perpetuado un ciclo de corrupción alimentado por el narcotráfico, en el que proporcionan sobornos a los acusados y a otros políticos y agentes del orden público a cambio de su protección y apoyo”, se indicó en la acusación.
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