La asociación civil Sinaloa Incluyente cuestionó públicamente el posicionamiento emitido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa en respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con actividades del crimen organizado, al considerar que el organismo se apartó de su mandato constitucional de autonomía, imparcialidad e independencia frente al poder público.
A través de un pronunciamiento difundido por Tiago Ventura, activista y defensor de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTIQ+, la organización señaló que resulta “especialmente grave” que la CEDH haya emitido un mensaje que, a su juicio, no se centra en la defensa de garantías fundamentales, sino en la validación política de una figura de poder en medio de señalamientos internacionales.
El posicionamiento surge luego de las acusaciones publicadas por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente haber trabajado con el cártel de Sinaloa, por lo que solicitaron su extradición al gobierno mexicano.
En su mensaje, Ventura sostuvo que la ley orgánica de la propia Comisión establece con claridad que su función principal es proteger a las personas frente a posibles abusos de autoridad, actuar con imparcialidad y mantener independencia respecto de los poderes públicos.
“El marco legal no contempla la emisión de posicionamientos políticos ni la construcción de juicios de valor sobre trayectorias personales”, expuso.
Según el activista, cuando un organismo constitucional autónomo adopta una narrativa coincidente con la defensa del poder político, se debilita su capacidad de actuar como contrapeso y se compromete la confianza de quienes eventualmente podrían acudir a él en busca de protección.
Sinaloa Incluyente aclaró que su crítica no busca prejuzgar sobre la honorabilidad del mandatario estatal ni adelantar conclusiones sobre las acusaciones formuladas desde Estados Unidos, sino advertir sobre la necesidad de respetar los límites institucionales para evitar que los derechos humanos queden sujetos a interpretaciones políticas.
Ventura, quien recordó haber sido reconocido con el Premio Estatal de Derechos Humanos, señaló que la defensa de estas garantías exige congruencia institucional y advirtió que este tipo de actuaciones envían señales preocupantes a la ciudadanía.
El pronunciamiento concluye con un llamado a que la CEDH retome plenamente su papel como órgano garante autónomo y se mantenga al margen de cualquier alineación política.
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