Puebla, 1 de mayo (SinEmbargo).- El 24 de marzo de 2026, un adolescente de 15 años publicó un mensaje en sus redes sociales: “Hoy es el día”. Salió de su casa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se dirigió a su escuela. Entró cargando el estuche de una guitarra, en donde escondía un rifle, y abrió fuego contra dos maestras, quienes murieron en el lugar.

Este fue uno de los 35 tiroteos escolares registrados en México desde el año 2000, según la recopilación hecha por Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. De acuerdo con estos datos, recuperados a través de un monitoreo hemerográfico, en ese lapso se han registrado 143 incidentes en los que armas de fuego fueron introducidas a escuelas. Pero sólo en 35 ocasiones (el 24 por ciento del total) las armas fueron accionadas, resultando en 30 personas lesionadas y 13 personas asesinadas. El resto de los incidentes son reportes de armas decomisadas dentro de los planteles o de estudiantes que se las mostraron a sus compañeros.

Los datos muestran que los incidentes han aumentado a partir del año 2022 y hasta ahora, 2025 tiene el mayor registro con 30 hechos en los que un arma fue introducida a un plantel educativo en México. Entre enero y marzo de 2026 el reporte es de 17 hechos, por lo que Sánchez Valdés advierte que, de continuar esta tendencia, el año actual podría convertirse en el de mayor registro de incidentes con armas de fuego en escuelas mexicanas.

Además, los primeros tres meses de este año concentran el mayor registro por el uso de armas en escuelas. Cuatro personas han sido asesinadas en dos incidentes: el tiroteo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una balacera en un plantel de Bachilleres en Acapulco, Guerrero.

Los datos sobre las armas en escuelas mexicanas

Hasta ahora, en el país no hay una base de datos oficial sobre estos incidentes. “Los datos que existen se refieren más al impacto de la violencia armada en contra de niñas y adolescentes, es decir, cuántos registros de lesiones o cuántos homicidios por arma de fuego existen”, dice Tania Ramírez.

Esto hace que la información disponible sea limitada. Por ejemplo, Sánchez Valdés decidió incluir únicamente incidentes con armas de fuego en su recopilación para limitar la búsqueda (excluyó, por ejemplo, ataques con armas blancas). Además, dice que no incluyó la edad de los atacantes ni de las víctimas porque los medios no los reportan en todos los casos.

Por otro lado, los datos abiertos de lesiones, publicados por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (SSa) recopilan el registro de víctimas que llegaron a un servicio médico. Entre 2010 y marzo de 2026, la base de datos registra 197 lesiones causadas por proyectil de arma de fuego ocurridas dentro de escuelas. En esta base de datos no están incluidos los incidentes donde el arma fue introducida pero no accionada, ni los casos que no recibieron atención médica formal.

Además, al analizar los datos por año, hay 21 casos en los que ese campo aparece vacío, por lo cual la siguiente gráfica muestra solo 176 registros, ya que no es posible identificar el año de registro del resto de los casos.

Ambas fuentes (el monitoreo hemerográfico de Sánchez Valdés y los registros de la SSa) confirman que hay una tendencia al alza desde 2022: los datos de la DGIS muestran 18 casos en 2022, siete en 2023, 16 en 2024 y 11 en 2025, mientras que el conteo periodístico de Sánchez Valdés registra 19, 11, 30 y 17 respectivamente para esos mismos años.

En cuanto al estado en donde ocurren estos incidentes, ambas bases también presentan diferencias.. Los datos de la Secretaría de Salud (SSa) registran exclusivamente casos que derivaron en atención médica, con concentraciones atípicas en Hidalgo (55) y Guanajuato (25).

En contraste, el monitoreo hemerográfico de Sánchez documenta eventos reportados en medios, incluyendo casos donde no necesariamente hubo lesionados o atención formal, lo que amplía la cobertura territorial e incorpora entidades ausentes en la base oficial como Tamaulipas, Colima o Yucatán. Mientras tanto, la base de Sánchez captura eventos de alto impacto mediático, como ocurre en Nuevo León con 11 y Tamaulipas con 10.

Por otro lado, la consecuencia más frecuente de lesiones con armas de fuego en escuelas mexicanas según los datos de la SSa son heridas (70 por ciento de los casos), seguida de fracturas (ocho por ciento). El número de defunciones por lesiones con armas de fuego en escuelas en esta base es cero, aunque al analizar las lesiones causadas por otras armas, sí hay registro de muertes. Asimismo, el 86 por ciento de las víctimas son hombres, según los datos de la SSa, y la edad promedio de la persona lesionada es 15 años cuando el atacante también es menor de edad.

Ante esta diferencia en los registros y la inexistencia de una base de datos oficial sobre incidentes con armas de fuego en escuelas mexicanas, Tania Ramírez dice que REDIM monitorea los medios de comunicación para estar al tanto de cuando un menor de edad está involucrado en uno de estos ataques.

Por su parte, aunque Sánchez publicó su análisis y la base de datos que construyó el 6 abril, dice que hasta ahora ninguna autoridad se ha puesto en contacto con él para utilizar la información o pedirle más detalles al respecto.

Entre la “machosfera” y el fácil acceso a las armas

Tan solo en 2025 Estados Unidos registró 235 incidentes con armas en escuelas, según la base de datos “K-12 School Shooting” de David Riedman. Este conteo incluye cualquier caso en que se dispara un arma, se blande con intención de dañar, o una bala impacta la propiedad escolar, sin importar el número de víctimas. En 2024 el total fue de 336 incidentes y en 2023 llegó a 352: casi uno por día. En lo que va de 2026, el país ha registrado 63 incidentes. Bajo ese mismo criterio, México registró 30 incidentes en 2025, 11 en 2024 y 19 en 2023, según los datos de Sánchez Valdés. Los primeros tres meses de 2026 acumularon 17 reportes en México.

Los datos recopilados por el investigador muestran que 2026 es el año más letal, con cuatro personas asesinadas por el uso de armas de fuego en escuelas mexicanas.

En cuanto al número de víctimas, el medio especializado Education Weekreporta 147 personas asesinadas en tiroteos escolares en Estados Unidos desde 2018. En ese mismo periodo, en México hay seis víctimas mortales. En lo que va de 2026, México ya suma cuatro víctimas mortales, cifra que supera el registro anual de cualquier año previo.

En el contexto mexicano, casos como el de Lázaro Cárdenas recientemente o el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León (perpetrado en 2017 y en el que dos personas murieron y tres resultaron heridas), han tenido amplia difusión mediática por la poca frecuencia con la que ocurren. Además, recientemente, estos hechos se han relacionado con la cultura incel.

Ese término viene de las palabras “involuntario” y “célibe” en inglés, y se refiere a aquellos hombres que se autoperciben como víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres. Aunque las comunidades inician en foros digitales como Reddit, el fenómeno se ha expandido y algunos hombres, principalmente jóvenes, que se identifican como incels han cometido asesinatos “sustentados” en su discurso de odio.

Lo peligroso, dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM), es que “espacios cómo la ‘machósfera’,  en donde se está cultivando una cultura de odio (…) después encuentran su oportunidad para materializarse en violencia y en violencia armada”. Ramírez dice que, además de condenar los asesinatos de las víctimas, es necesario preguntarse qué tipo de herida (psicológica) hay en un adolescente que llega a cometer un acto así.

Para Sánchez Valdés, además, hay “un problema de raíz, que es la alta disposición de armas que tenemos en el país”. Ramírez señala que desde 2006, con el argumento de operativos de seguridad, la presencia de armas de fuego ha aumentado de forma comprobada en el país. Y advierte que no se trata solo de armamento en manos de fuerzas militares o de seguridad, sino de armas distribuidas en comunidades, hogares e incluso vehículos particulares, lo que amplía su acceso incluso para niñas, niños y adolescentes.

El adolescente de 15 años que asesinó a las maestras en Michoacán no irá a prisión. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentesestablece que la pena máxima para un delito grave como este, cometido por una persona menor de edad, es de tres años de privación de la libertad en un centro para adolescentes.

Tania Ramírez dice que “probablemente en vez de pensar en aumentarles las penas a los adolescentes, tendremos que orientar estos esfuerzos a desinstalar la violencia de sus lógicas, de sus vidas cotidianas, de sus escuelas, de sus relaciones”.