Culiacán, Sinaloa.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, sostuvo que el grupo parlamentario de Morena mantiene su respaldo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ya que su postura se sustenta en el principio de presunción de inocencia.
Luego de la aprobación de la licencia y la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa, la legisladora indicó que la decisión de Rocha Moya, de separarse del cargo temporalmente, llega a fortalecer el debido proceso y permite que las investigaciones se desarrollen sin interferencias.
“Nosotros hemos dicho sobre todo, no solamente bajo el principio de presunción de inocencia, sino también el derecho que tiene cualquier ciudadano y ciudadana, independientemente del rango, del debido proceso”, dijo.
Agregó que esperarán la investigación de la Fiscalía General de la República, quien informó recientemente que solicitará mayores elementos antes de determinar si procede alguna acción en el caso.
“Eso hay que reconocerle al gobernador que precisamente para someterse a las investigaciones y los procedimientos que desde la Fiscalía General de la República se puedan iniciar, él ha tomado la determinación con madurez y estatura política de separarse del cargo para que el cargo no obstruya y no enturbie ninguna investigación”, dijo.
Añadió que al continuar siendo Gobernador electo, Rocha Moya mantiene el fuero, por lo que cualquier acción en su contra requeriría una declaratoria de procedencia por parte de la FGR.
“Una vez que hay suficientes elementos, lo que se hace es declaratoria de procedencia, pero primero se abre una investigación y se va alimentando con los elementos de prueba que existan”, dijo.
Hasta el momento, agregó, no ha existido tal petición de la Fiscalía, pues apenas se está abriendo la investigación en torno a las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios de México, realizadas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
Finalmente, la legisladora reiteró que no se pueden adelantar conclusiones ni emitir juicios sin pruebas, por lo que insistió en que serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades en caso de existir.
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