Culiacán, Sinaloa.- Las diputadas y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra del dictamen para designar a la gobernadora interina de Sinaloa y señalaron que la salida temporal del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, no resuelve la crisis política, social y de seguridad que atraviesa Sinaloa.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Irma Moreno Ovalles, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, mencionó que la separación del cargo del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es un paso importante, pero no suficiente, debe seguir el juicio de procedencia.

“Llega tarde, después de una crisis que ya era insostenible. Un gobernador señalado, un estado en medio de incertidumbre y una ciudadanía que lleva meses esperando respuestas. Aquí hay que decirlo con claridad, no se puede gobernar bajo sospecha y tampoco se puede pensar que con una licencia se resuelve todo”, dijo.

La coordinadora del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, mencionó que debe seguir el juicio de procedencia para que nadie se escude en el fuero para evadir la ley.

Por su parte, la diputada del PRI, Paola Gárate, indicó que Sinaloa está frente a una de las crisis políticas, institucionales y morales más graves que haya vivido, tras la acusación formal presentada por Estados Unidos, en la que se señala a Rocha Moya, junto a otros funcionarios y ex funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por lo que, agregó, la licencia otorgada a Rocha Moya para separarse temporalmente del cargo, “no es un acto de dignidad política. Es la consecuencia de una presión social, pública e institucional que ya no pudieron contener”.

La licencia no limpia nada, enfatizó la legisladora, al señalar que la separación no borra los años de violencia, sospechas, omisiones y dolor acumulado de las familias sinaloenses.

“Hoy Morena quiere presentar esta separación como un gesto republicano. Pero la verdad es otra: durante años lo protegieron, lo defendieron, lo justificaron y atacaron a quienes advertimos lo que estaba pasando”, dijo.

“Sinaloa no necesitaba que un tribunal extranjero nos dijera que algo estaba profundamente podrido en el poder. Lo vivimos todos los días”, agregó.

Insistió que si bien en el Congreso las y los diputados no son jueces, pero al ser representantes populares tienen la responsabilidad de asumir una postura política y ética ante la crisis.

“Lo que Sinaloa exige es verdad, investigación seria, responsabilidades y garantías de gobernabilidad.  Que se investigue a fondo. Que se coopere con las autoridades competentes. Que no se utilice el aparato del Estado para proteger a nadie. Que el gobierno interino no sea una extensión del mismo grupo político que permitió esta crisis”, dijo.

Finalmente, la legisladora enfatizó que Sinaloa merece salir de la sombra de la narcopolítica y señaló que ningún partido, movimiento o gobernante puede estar por encima del derecho de las familias de salir sin miedo.

Luego de estos señalamientos en contra del dictamen, y los posicionamientos a favor de las diputadas de Morena, Juana Minerva Vázquez y María Teresa Guerra Ochoa, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para el nombramiento de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa, con 33 votos a favor, tres en contra, dos abstenciones del PAN y dos ausencias.

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