De acuerdo con Oscar Sánchez, líder de la Unión de Locatarios de Culiacán, los cambios de titular en el gobierno estatal y municipal de la capital sinaloense, tras señalamientos de presunto crimen organizado contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con otros 8 funcionarios de la entidad por parte de autoridades estadounidenses, son evidencia de una crisis de gobernabilidad.
“Es una sensación de incertidumbre la que estamos pasando, ciertamente. Hay algunos relevos que llegaron a suplir de forma interina estos cargos, pero tenemos indicios de, quizás, falta de experiencia o de capacidad para ejercer estos puestos tan importantes. Más en estos momentos, que se cubren diferentes batallas, como el tema de la seguridad pública“, dijo en entrevista para ESPEJO,
Para el sector comercial de Culiacán, que ha sido fuertemente afectado por la inseguridad y violencia derivada del conflicto interno del cártel de Sinaloa que inició en 2024, la incertidumbre generada por la crisis política se añade como una preocupación extra a las que ya de por sí azolan a quienes lo ejercen: el endeudamiento, las bajas ventas y los crimenes contra la actividad comercial.
Existe incertidumbre, refiere Sánchez, sobre la continuidad de proyectos y programas que beneficien la actividad económica de Culiacán. Preocupa, especialmente, que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil haya pedido licencia para salir del cargo sin antes presentar un plan de acción para recuperar el dinamismo comercial en Culiacán, donde se han concentrado las afectaciones por una caída generalizada del consumo en medio de la ola de violencia.
También remarcó que existe temor de que las acusaciones lanzadas contra los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por parte del gobierno de Estados Unidos puedan tener alcances mayores contra la actividad económica del estado.
Actualmente, existen restricciones impuestas por el departamento del tesoro estadounidense contra personas y empresas sinaloenses que han sido acusadas de tener vínculos con el crimen organizado, por lo que el gobierno de dicho país prohíbe a sus empresas hacer negocios con ellos. Sánchez considera un peligro real el que esta etiqueta se expanda, ya sea por dictamen legal o de facto, contra el resto de sinaloenses que hacen negocios legales con clientes o proveedores de Estados Unidos.
“Es muy común que los sinaloenses vayan a realizar negocios a este país y obviamente la mayoría no tiene problemas en ese sentido. Sin embargo, existe la zozobra de que se pudiera generar una etiqueta roja, o una alerta contra quienes viajan desde este estado“.
Por último, el líder comerciante comenta que ya se le ha hecho llegar un oficio a la nueva alcaldesa interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, solicitando la continuidad de proyectos que se habían venido gestando con el anterior titular del ayuntamiento.
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