La situación política en Sinaloa se encuentra tensa. Las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios –incluyendo al gobernador Rubén Rocha Mopya– y ex funcionarios del gobierno de Sinaloa han hecho que se voltee a este Estado de manera urgente, no solo porque pese señalamientos por posibles actos de corrupción relacionados con crimen organizado, sino porque ya hay dos de esas personas que prefirieron entregarse a la justicia de aquel país.

Uno es Enrique Díaz Vega, prominente empresario local que forjó su riqueza desde el año 2020 a la fecha, con compras multimillonarias –sobrepasando los 120 millones de pesos– hechas antes y durante su gestión como secretario de Administración y Finanzas. Ese es el mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos afirma en sus señalamientos que recibió sobornos a cambio de ser un presunto enlace entre el cartel de Sinaloa y el gobierno del Estado, así como para la contratación de personas en puestos clave.

Desde el 29 de abril que se dio a conocer la acusación por el gobierno estadounidense, Díaz Vega permaneció en silencio y el 15 de mayo se entregó a la justicia de ese país.

Esa acción fue después de que Gerardo Mérida Sánchez hiciera lo propio el 11 de mayo. El general retirado –que fuera secretario de Seguridad Pública de Sinaloa– fue acusado de recibir sobornos a cambio de protección a miembros del cartel de Sinaloa y proporcionar información sensible sobre operativos.

La tensión creció en menos de 24 horas, porque ambos ex funcionarios presentaban sus cartas de modo contrario a lo que el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza Cázarez hicieran. Los primeros dos solicitaron licencia temporal para someterse a posibles investigaciones, mientras que el tercero se mantiene en el puesto público aunque sin asistir a las sesiones de la Comisión Permanente del Senado a la que fue designado por su partido, Morena.

Además, en el mismo lapso de tiempo, Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, expresó un hecho que es real: la responsabilidad ha caído sobre funcionarios sinaloenses, pero también sobre un general retirado que fue propuesto y designado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, declaró la gobernadora interina el 16 de mayo.

Desde 2017 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha propuesto y designado generales y tenientes coroneles para encargarse de la Seguridad Pública de Sinaloa. El primero fue Genaro Robles Casillas, le siguió Inocente Fermín Hernández Montealegre, luego Cristóbal Castañeda Camarillo; más tarde se designó a Gerardo Mérida Sánchez, relevado por Óscar Rentería Schazarino, quien más tarde renunció y en su lugar quedó Sinuhé Téllez López.

Los paraderos desconocidos

 

La acusación del gobierno estadounidense fue acompañada con una solicitud de medidas cautelares para detener a los 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa con fines de extradición, pues todos forman parte de un expediente incluido entre otros más donde se tiene una investigación gigante de narcotráfico en México encabezada por el grupo criminal “Los Chapitos”.

El gobierno mexicano ha rechazado tales acusaciones y, en cambio, solicitó que se den las pruebas que llevaron a esa acusación. Se envió una carta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y después de una semana se desconoce si el gobierno de Estados Unidos respondió.

Sin embargo, la entrega de dos ex funcionarios clave en la administración de Rubén Rocha Moya, más el señalamiento de la gobernadora interina, abre una nueva etapa de tensión política en la que hay otros ocho funcionarios y ex funcionarios que se mantienen como blancos.

Esos son:

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.

Los cargos que pesan sobre ellos son por asociación delictuosa para importar narcóticos, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

Nada de eso es –aún– un hecho verificable, pero sí una alerta que incluye al sistema político, de seguridad y hasta el económico, pues existe una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer el posible congelamiento de cuentas bancarias por posible lavado de dinero, solo si se logra obtener esas pruebas que alega el gobierno estadounidense.

Lo que sí es verificable es que, salvo los dos ex funcionarios detenidos en Estados Unidos, no se conoce el paradero de los otros ocho, solo que presuntamente están en Sinaloa.