Culiacán, Sinaloa.- Omar Alejandro López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, evitó pronunciarse sobre la situación del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fue acusado el pasado 29 de abril por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
“—Con la investigación del senador Inzunza, ¿usted entraría a la suplencia?
—No sé de este tema.
—¿Pero no es usted el suplente para eso?
—Pero no, no estamos en esa dinámica, no, para nada”, fue la conversación entre un reportero y el secretario López.
El funcionario se deslindó del tema al argumentar que, como titular de la SEBIDES, no le corresponde emitir una opinión ni tener información sobre una posible solicitud de licencia del legislador, pese a que aparece en el Sistema de Información Legislativa como su suplente oficial en el Senado.
“—¿Qué piensa de esa investigación? Porque es su suplente.
—No tengo opinión.
—¿Por qué no tiene opinión?
—No tengo, soy secretario de Bienestar y estoy enfocado en eso”, fue lo último que comentó el secretario antes de integrarse al evento del Aquatón DIF 2026.
El senador Enrique Inzunza Cázarez fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos el pasado 29 de abril de 2026 por presuntamente colaborar con el crimen organizado y participar en operaciones de narcotráfico. Junto con Inzunza fueron señaladas otras nueve personas relacionadas con la política sinaloense.
Entre quienes aún se encontraban activos en funciones gubernamentales estaban el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra.
De los cuatro funcionarios en activo al momento de las acusaciones, solo Inzunza no ha solicitado licencia para separarse del cargo.
Sin embargo, no se ha presentado en el Senado desde la publicación de las acusaciones en su contra, aun cuando aseguró, a través de su cuenta de X -antes Twitter-, que retomaría sus labores el pasado 6 de mayo.
En su lugar, ha dicho que permanecerá en Sinaloa, donde únicamente atenderá requerimientos de las autoridades mexicanas, mas no de las estadounidenses, que desde el 29 de abril solicitaron medidas cautelares al Gobierno de México para detenerlo con fines de extradición.
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