La sequía que empieza a manifestarse en poblaciones de varios municipios de Sinaloa es el aviso a tiempo para gobierno y ciudadanos cuya atención está centrada hoy en las dificultades de la seguridad pública, economía y política, sin concederle la importancia debida a la escasez de agua y el impacto que tendría en la circunstancia donde todos los sectores son alcanzados por varias crisis que golpean al mismo tiempo.

Con la información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa respecto a la presión que la crisis hídrica ejerce sobre 200 comunidades sinaloenses, bastaría para que las instituciones de intervención frente a emergencias ya estén aplicando planes de anticipación en vez de esperar que las consecuencias fuercen la atenuación de daños.

Otro dato que enciende las alarmas lo aporta la organización Conselva, Costas y Comunidades, al advertir la inminente bancarrota acuífera que amenaza a la tierra de los once ríos debido a que la extracción de agua rebasa el doble a la que aportan lluvias y escurrimientos, y prueba de ello es que al inicio de 2026 el almacenamiento de las presas era del 35 por ciento y actualmente es menor al 12 por ciento.

La colocación de este problema en el último término de las preocupaciones significa la dimensión de las afectaciones que vendrían en caso de que las autoridades federales, estatales y municipales retrasen las acciones de prevención mediante la racionalización del uso de este recurso en los hogares y actividades económicas que dependen del vital elemento.

La sequía, a diferencia de las otras crisis que diezman a Sinaloa, es un fenómeno que sí puede detectarse a tiempo y también ser solucionado a corto y largo plazo siempre y cuando haya la suficiente voluntad del gobierno y la población. En materia de disposición de agua el estado lleva décadas tocando fondo y desestimando las políticas públicas que urgen para la seguridad hídrica.