El enfrentamiento entre grupos rivales de sicarios en el sector Riberas del Tamazula en Culiacán, la nueva acometida violenta en Escuinapa con duración de cinco horas y el incendio de un trailer en la carretera Mazatlán-Tepic a la altura de Rosario, convirtieron el jueves 28 de mayo en otro de esos días en que la delincuencia domina por encima de las instituciones responsables de la seguridad pública.

Se trata de hechos que redundan en el miedo y sensación de desamparo que familias y sectores de la economía viven desde que el 9 de septiembre de 2024 estalló el conflicto entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, el cual no da señales de acabar y permitir la urgente pacificación del estado.

A la reincidente violencia de la llamada narcoguerra se le añade la debilidad institucional por la ausencia de gobiernos legítimos que los sinaloenses instalaron en las elecciones constitucionales de 2021 y 2024, recalcando el contraste entre delincuencia fortalecida y gobernabilidad menguada.

La contradicción de crimen que exhibe su poderío al tratarse de la capacidad de desestabilizar e implantar violencia que roza con el terrorismo, e instituciones a cargo de interinatos y encargados de despacho contribuye a que el panorama de caos que establece el hampa se sitúe durante 21 meses sobre el Estado de derecho.

La devastación social, economica y política que aqueja a Sinaloa reclama la adopción de medidas de gran calado para que la sociedad esté protegida en sus integridades física, moral y patrimonial antes de que la violencia acabe con todo rastro de civilidad. De no ocurrir el pacto social fundado en la confianza y la legalidad, crecerá a niveles inestimables el daño que ya paga la tierra de los once ríos al seguir en la ruta del salvajismo.