Una menor de edad, paratleta, que es llevada por su tío y madre a que reciba atención hospitalaria por picadura de alacrán, atacados los tres por sicarios que les causaron la muerte a los dos primeros y dejaron gravemente herida a la tercera persona, exponen con total crudeza la acción criminal que ha tomado el control del municipio de Escuinapa mientras militares y policías afirman que trabajan para darle seguridad a la población.

Si esto no es la barbarie entonces qué es porque también se le puede considerar ingobernabilidad, ausencia de autoridad o negligencia de parte de operativos que constituyen la amalgama perfecta para que el último municipio del sur de Sinaloa viva jornadas enteras, durante noches y días, de ataques por grupos armados que utilizan métodos terroristas en sus guerra interminables.

La pregunta es por qué las fuerzas armadas en coordinación con instituciones de seguridad pública no logran reponer la tranquilidad, así tengan que incrementar los despliegues de efectivos, el uso de inteligencia y los equipos terrestres y aéreos que sean necesarios para sacar a los escuinapenses de la vertiente de terror y desamparo reinante desde hace semanas,

La acción de la seguridad pública se comporta intermitente y omisa al atender los hechos de violencia de alto impacto hasta que las circunstancias escalan a niveles fuera de control, con homicidios, ejércitos de civiles armados, uso de artefactos explosivos y ataques a cuarteles de la lucha anticrimen, que en la mayoría de los casos reciben el estímulo de la impunidad.

La muerte de Grecia, la deportista con capacidades diferentes, y del tío que la acompañaba, así como las lesiones causadas a la madre de ella, retratan sin retoques la cruel acometida delincuencial que somete a los ciudadanos y autoridades de Escuinapa, y denuncia la imposibilidad de que los militares y policías protejan a la gente pacífica. Ya basta de discursos, explicaciones, medidas tomadas después de las tragedias y de la terrible actitud que minimiza la atrocidad. Son pinchazos de la narcoguerra de 21 meses que instan a que incrementemos la exigencia de condiciones de tranquilidad y Estado de derecho que son indispensables para volver a vivir en paz y comenzar la batalla por la no repetición del salvajismo que hoy  avanza por encima de la civilidad.