Culiacán, Sinaloa.- El Partido Verde Ecologista de México evitó pronunciarse sobre el conflicto que enfrentan comunidades indígenas mayo-yoreme contra la planta de amoniaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo.
Desde su curul, la presidenta de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas, Briseida Valenzuela Buichia, se negó a emitir comentarios sobre la situación, pese a que el pasado domingo 7 de junio miles de ciudadanos y población indígena salieron a manifestarse en contra del proyecto.
—Diputada, para entrevistarla
“No, ya te di entrevista”
—¿Pero quisiera saber su opinión de la manifestación del domingo?
“Voy a evitar comentarios”
—¿Por qué va a evitar dar comentarios diputada? ¿Por qué?
El silencio ocurre en un contexto de creciente tensión. La resistencia indígena no solo continúa, sino que se mantiene activa en el sitio, donde comunidades han instalado bloqueos para impedir el paso de trabajadores y maquinaria hacia la planta.
La marcha contra la planta de amoniaco de GPO reunió a miles de personas en Los Mochis y Topolobampo.
El pasado 4 de junio, la legisladora ya había aplazado fijar una postura, al señalar que se trata de un problema de años que debe resolverse en el ámbito federal, sin precisar acciones concretas.
“Ese problema es ya de años, no es de ahorita, desde que nosotros estamos en el Congreso del Estado… en su momento se tiene que tratar, pero allá en la federación”, expresó en aquella ocasión para ESPEJO.
A esta falta de posicionamiento se suman declaraciones de Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, quien fue miembro de la bancada del PVEM antes de asumir como alcalde sustituto de Ahome. El mandatario municipal minimizó los impactos ambientales señalados por opositores, particularmente sobre el delfín conocido como “Pechocho”, habitante de la bahía.
“Yo lo visito con mucha frecuencia, el Pechocho vive en un área que está a varios kilómetros de ahí… él vive ahí, puede salir”, afirmó.
Incluso negó que el colectivo Aquí No haya solicitado apoyo al Ayuntamiento.
Un conflicto de más de una década
El conflicto por la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo se ha extendido por más de diez años. Desde 2013, comunidades indígenas mayo-yoreme han encabezado la oposición al proyecto, interponiendo al menos seis amparos ante tribunales federales.
Comunidades se mantienen resistiendo contra la llegada de una planta de amoniaco en Topolobampo.
Entre los recursos legales destaca una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena realizar una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, proceso que -acusan- no se ha cumplido de manera adecuada.
La resistencia también se ha manifestado en marchas, bloqueos y acciones legales, incluyendo una queja ante el banco alemán KfW y múltiples comunicaciones a relatores de la ONU solicitando revisar o detener el proyecto.
Riesgos ambientales y beneficios cuestionados
Uno de los principales puntos de tensión es el impacto ambiental en la Bahía de Ohuira, un humedal reconocido como sitio Ramsar que alberga a más de 100 mil aves playeras y sostiene la economía de aproximadamente 2 mil 500 pescadores.
Los pueblos se mantienen en alerta desde hace más de 10 años.
De acuerdo con los señalamientos, la planta extraería más de 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora y la devolvería a mayor temperatura, lo que podría afectar ciclos reproductivos de especies y provocar pérdidas significativas en la producción de camarón.
Aunque el proyecto implica una inversión de 860 millones de dólares, sus beneficios han sido cuestionados. La propia empresa ha informado que generará alrededor de 300 empleos directos permanentes, cifra que los opositores consideran insuficiente frente a los posibles daños ambientales, sociales y culturales.
El conflicto en la Bahía de Ohuira continúa sin una resolución clara, mientras las comunidades indígenas mantienen su oposición en el sitio y las autoridades no han definido una postura concreta ante las recientes manifestaciones.
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